MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El abogado Ignacio Arroyo, representante de la acusación del Comité Olímpico Italiano (CONI) en el juicio oral de la Operación Puerto, ha resaltado en su informe final que "el derecho debe plegarse a las exigencias de la sociedad y no viceversa" reclamando una condena para los cinco imputados, autores de "prácticas ilegales y repugnantes".
"El derecho debe plegarse a las exigencias de la sociedad y no viceversa. Le pido que haga justicia y condene a los acusados", solicitó Arroyo a la jueza del caso, Julia Patricia Santamaría. "¿Cree su señoría que un jurado prudente no llegaría a una sentencia condenatoria? La presunción de inocencia de los acusados se disuelve como un azucarillo a la vista de los hechos", agregó.
El letrado volvió a solicitar la entrega de las bolsas de sangre requisadas a Eufemiano Fuentes apelando a los "principios de colaboración entre autoridades que colaboran contra el dopaje" y recordó que "la apertura de expedientes", como el que derivó en la sanción de dos años a Alejandro Valverde -precisamente a petición del CONI- "quedará frustrada si no se facilitan las bolsas". "En la improbable hipótesis de que no se entreguen las bolsas se violarían los principios de igualdad de la Carta Magna", avisó.
Tras alabar el "colosal trabajo de la Guardia Civil" durante la Operación Puerto, reivindicó que los hechos juzgados constituyen "una causa supranacional" porque se estaba corriendo el Giro cuando todo estalló en mayo de 2006, así como por el hecho de que "al menos cuatro ciclistas italianos han sido citados en el proceso".
En cuanto a esos ciclistas que ejercieron como testigos, los dividió "en dos grupos muy distintos" y en el primero inscribió a "Jaksche, Hamilton y Manzano". "Son exciclistas confesos, dos sancionados y dos han comparecido personalmente en el plenario. Dieron explicaciones largas y abundantes, coincidentes en la constatación de los hechos juzgados o reconocimiento de iniciales, pagos, conexiones entre acusados...", enumeró.
En el segundo grupo metió a "Beloki, Osa, Extebarria, Nozal Vicioso, Nozal y Serrano". "Sus testimonios son comunes y favorables a sus conductas y de los acusados. No saben, no recuerdan ni sus iniciales, ni los pseudónimos, ni siquiera recuerdan los colores de su equipo. Ninguno ha sido sancionado, curioso. Seguían un guión preestablecido que contrasta con la frescura del otro grupo", lamentó.
En cuanto al lenguaje críptico empleado por Fuentes en sus conversaciones telefónicas, criticó que supone "una burla y torticera", mientras que la "abundante prueba pericial también confirma la falta de garantías médicas", incluso la del perito de la defensa, Antonio Rico, quien "terminó reconociendo el incumplimiento de normas médicas".
"HAY MUCHO MÁS DINERO EN JUEGO".
Durante el juicio se juzga un delito contra la salud pública, pero el CONI pidió introducir también los delitos de asociación ilícita, estafa y delito contra la hacienda pública. La petición fue denegada y el organismo italiano elevó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que sigue pendiente. Arroyo explicó las causas para solicitar estos tres delitos.
"Los imputados formaban un grupo coordinado que trabaja en colaboración con una finalizada delictiva que quería lucrarse poniendo en peligro la salud de los deportistas", dijo sobre la asociación ilícita, antes de extenderse respecto a la supuesta estafa.
"Hay corredores honestos que se han visto privados de los triunfos porque los tramposos aumentaban sus rendimientos, a las marcas comerciales, a los organizadores de carreras, a los contratantes de apuestas. La USADA ha pedido a Armstrong una indemnización de al menos 90 millones de euros. Hay mucho más dinero en juego del que hay en el plenario y lamentablemente no ha sido investigado", abundó.
El letrado entiende que "en este juicio se ha confirmado la concurrencia de estos delitos", así como que la negativa del volcado de los ordenadores de Eufemiano, decidida en las cuestiones previas del juicio, "ha vulnerado" el trabajo del CONI "en la capacidad probatoria".