Los administradores de fincas avisan del "desfase" entre el Plan de Vivienda y la realidad rehabilitadora

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (Cgcafe) ha advertido del "desfase" existente entre los objetivos del Plan Estatal de Vivienda y la realidad de la rehabilitación energética en España, poniendo en duda el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de eficiencia energética y descarbonización.

Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae), en 2025 el sector de la rehabilitación tuvo un significativo repunte, con 55.558 viviendas visadas, pero todavía se encuentra lejos de los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que fijaba en 96.000 las unidades rehabilitadas en el ejercicio anterior.

En esta línea, el Gobierno pretende destinar en el Plan Estatal de Vivienda 2026 ayudas de hasta 20.500 euros por vivienda para mejoras energéticas, 13.000 euros para accesibilidad y 8.000 euros para actuaciones estructurales.

Desde los administradores de fincas, han calificado estas medidas de "necesarias", pero "insuficientes" si no van acompañadas de una simplificación administrativa real, una mayor seguridad jurídica y un sistema de incentivos más eficaz.

"Es imprescindible simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a las ayudas para que las comunidades de propietarios puedan abordar las actuaciones necesarias", ha defendido el tesorero del Cgcafe, Peio Mendia, que ha pedido mayor implicación institucional y mejor coordinación entre administraciones.

Entre los principales obstáculos que frenan la rehabilitación energética, los administradores ha identificado una compleja tramitación de las ayudas, los cambios normativos constantes, la falta de financiación accesible para las comunidades de propietarios, la escasa concienciación social y el déficit de profesionales especializados.

Ante esta situación, el organismo ha planteado un conjunto de propuestas orientadas a dinamizar el proceso de rehabilitación. Entre ellas, establecer la obligatoriedad legal de acometer mejoras de eficiencia energética en los edificios plurifamiliares sometidos al régimen de propiedad horizontal, reforzando así el compromiso del parque residencial con la sostenibilidad.

En esta misma línea, piden que el Libro del Edificio Existente (LEE) fuese obligatorio antes del 31 de diciembre de 2027, como herramienta clave para planificar actuaciones y conocer el estado real de los inmuebles, o adecuar la Ley de Propiedad Horizontal que facilite la toma de decisiones y la ejecución de obras de rehabilitación energética en las comunidades de propietarios.

Para alcanzar el objetivo de que en 2035 toda la edificación alcance al menos una calificación energética D, piden deducciones fiscales por rehabilitación energética, también aplicables al alquiler, bonificaciones en las tasas de licencias, un tipo reducido de IVA para actuaciones de mejora y la creación de una cuenta de ahorro para rehabilitación energética con fiscalidad específica. Del mismo modo, sería conveniente otorgar trato preferente en la concesión de créditos destinados a este tipo de intervenciones.

Entre las medidas estructurales más destacables figura la dotación de un fondo económico obligatorio para rehabilitación energética, que permita anticipar recursos para futuras obras.

Además, considera necesario que las reformas sustanciales en edificios solo se realicen teniendo en cuenta unos máximos de eficiencia energética a alcanzar, evitando perpetuar inmuebles obsoletos, e impulsar la definición profesional y la formación de nuevas figuras especializadas, como el agente rehabilitador o el gestor de comunidades energéticas, perfiles llamados a desempeñar un papel estratégico en la transición energética del sector inmobiliario.