Apoya a Barreda en la firma de un pacto por la vivienda para construir viviendas de iniciativa público-privada
TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy "las soluciones para el sector de la construcción no deben distraer los siempre limitados recursos públicos de la prioridad de la política de vivienda del Gobierno, que debe ser facilitar el acceso (a un inmueble) a los que más dificultades tienen".
Asimismo, la titular de Vivienda aseguró que el propósito del Gobierno es "no impedir artificialmente el ajuste del sector", como ya anunció el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
La ministra realizó estas declaraciones durante su asistencia a la firma del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, que beneficiará a más de 50.000 familias entre 2008 y 2015, suscrito por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, los sindicatos CC.OO. y UGT, y la Confederación regional de Empresarios (CECAM).
Así, Corredor especificó que en el desarrollo de las políticas de vivienda se deberán tener en cuenta dos restricciones fundamentales, que son las cuentas públicas y la disponibilidad de suelo. "No sólo contamos con recursos financieros limitados sino también con un recurso natural limitado, como es el suelo. Construir viviendas por encima de las necesidades de la población supone un desperdicio de recursos económicos y es insostenible medioambientalmente", resaltó.
UN PACTO IMAGINATIVO.
Por otro lado, la ministra de Vivienda aseguró que el Plan firmado hoy "parte de un análisis certero de la situación de la vivienda" en Castilla-La Mancha y "aporta una solución imaginativa a la coyuntura que atraviesa esta región".
Según explicó Barreda, gracias a este pacto, "los castellano-manchegos podrán optar a las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), una de las principales medidas que recoge el plan, pionera en España, y que supone la creación de viviendas de unos 70 metros cuadrados útiles, cuyo precio oscilará entre los 130.000 y 150.000 euros.
Estas viviendas, apuntó, "se construirán con una doble garantía por parte del Gobierno regional", la de proporcionar financiación a los compradores, por un lado, y a los constructores, por otro, garantizándoles la venta de los pisos desde el día del inicio de las obras y una financiación para su construcción.
Se trata de viviendas promovidas y construidas por promotores privados sobre suelos de su propiedad, donde exista una demanda, no reservados obligatoriamente para la construcción de viviendas de protección pública, de modo que se pacte un precio que las haga asequibles y, a su vez, atractivas en términos de costes de construcción y rentabilidad.
RETOS DE FUTURO: UN PACTO DE ESTADO.
Por último, en cuanto a los retos futuros del Ministerio de Vivienda, Corredor añadió que "el reto (de su Gabinete) es que el ajuste (del mercado) se produzca de forma inteligente, para que sean las empresas más competitivas, innovadoras y productivas las que salgan reforzadas".
Para ello, hizo un llamamiento a la colaboración institucional e invitó a las comunidades autónomas y ayuntamientos a trazar una hoja de ruta común que culmine en la firma del pacto estatal por la Vivienda, "una estrategia que defina qué medidas concretas debemos acometer", precisó.
En este sentido, Corredor aseguró que el Ministerio tiene planeado realizar un pacto a nivel nacional, para el que señaló que está realizando una ronda de entrevistas con todos los consejeros autonómicos de Vivienda, representantes sindicales y empresariales y profesionales del sector, que culminará en la Conferencia Sectorial de Vivienda, que se reunirá en las próximas semanas, para trazar las "líneas maestras" de lo que será el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012.
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