Seopan teme que la nueva normativa aboque a una judicialización de las relaciones contractuales
MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La patronal de la construcción Seopan considera que la nueva Ley de Morosidad obligará a las empresas del sector de la obra civil a aumentar su dependencia del crédito bancario para financiarse, justo en la actual coyuntura de "importantes restricciones crediticias".
Las constructoras consideran que serán obligadas a pagar en sesenta días mientras seguirán cobrando de las administraciones públicas a más de cien días, porque la actual situación económica y de restricción de crédito les impedirá cumplir con el plazo de treinta días fijado en la ley.
"Resulta obvio que entonces dependerán del crédito bancario para financiarse, al suprimirse por ley el crédito comercial. Y ello se ve agravado en el escenario actual de importantes restricciones de crédito que afecta especialmente a las constructoras", advierte a la patronal en un comunicado.
Seopan mostró así su preocupación por que en la tramitación del nuevo texto legal "no hayan prevalecido los intereses generales del sector de la obra pública y le aboque así a una situación en la que podría generalizarse la judicialización de las relaciones contractuales".
Para la patronal, la nueva Ley de Morosidad, actualmente en trámite parlamentario, no podrá cumplirse "mientras las administraciones públicas no se pongan al día en el pago de la deuda vencida que actualmente mantienen con las empresas y cumplan después sus plazos de pago.
Según sus datos, en la actualidad, la deuda viva de la Administración con las empresas, sólo referida a la obra pública, asciende a 22.300 millones de euros, de los que 16.800 millones están actualmente vencidos y en mora.
En tanto, también según Seopan, hoy día la Administración General del Estado paga a las empresas con las que contrata a una media de 140 días, las comunidades autónomas a 155 y las corporaciones locales a 238 días.
PLAZOS "POCO REALISTAS".
Ante estos plazos medios de pago, la nueva Ley de Morosidad busca que el Estado pague a un máximo de 30 días y las empresas abonen a su vez a sus proveedores a 60 días, sin posibilidad alguna de acuerdos entre las partes, con el fin de evitar la morosidad y los problemas de liquidez y viabilidad que provoca en muchas empresas, sobre todo pymes y autónomos.
No obstante, Seopan estima "poco probable" que estos plazos se puedan cumplir "sobre todo en el actual contexto de fuertes restricciones presupuestarias en todas las administraciones". "Si la actual deuda se ha acumulado durante años de ciclo económico expansivo, resulta poco realista esperar que en la actual situación económica se va a eliminar y además se van a cumplir los plazos", subraya el comunicado.
Por ello, "lamentó" que los grupos políticos se hayan mostrado "insensibles" a la propuesta de pago a proveedores a través de 'confirming' realizada por las constructoras para solucionar "el grave problema sin perjudicar los derechos de las empresas acreedoras".
