MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, David Taguas, abogó hoy por permitir que los contratistas puedan acordar con sus proveedores plazos de pago iguales a aquellos en los que pagan, de forma efectiva, las Administraciones Públicas.
"No cuando dice la Ley que deben pagar, sino cuando efectivamente paguen", recalcó Taguas, quien hoy participó en la reunión con los ponentes de los grupos parlamentarios que estudian la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU.
Asimismo, Taguas pidió que la nueva ley contemple como "medida excepcional" la posibilidad de que el contratista principal pueda pagar más allá del plazo legal (asumiendo cualquier coste financiero por el aplazamiento superior al plazo legal de 60 días) a través de un sistema de gestión de pagos de 'confirming', avalado por una entidad financiera.
La proposición de reforma de la Ley de Morosidad que estudia en estos días la Cámara Baja plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores, que se reduce a 30 días en el caso de las administraciones públicas, eliminando además la posibilidad de pacto entre las partes para ampliar este tiempo.
Sin embargo, Taguas señaló que, "dadas las restricciones presupuestarias actuales", resulta difícil admitir que las administraciones vayan a pagar puntualmente por el hecho de que la
Ley rebaje el plazo de pago.
"Si las empresas constructoras deben ahora pagar a 60 días y, por el contrario, van a seguir cobrando de las administraciones Públicas en un promedio de 157 días, es obvio que dependerán del escaso y caro crédito bancario para financiarse", explicó, alertando del estrangulamiento de su tesorería.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.
A su juicio, antes de prohibir que las empresas puedan seguir
pactando los aplazamientos de pago que ahora permite la Ley, deben adoptarse medidas que garanticen que las Administraciones Públicas cumplirán sus obligaciones de pago en el plazo fijado por la Ley.
Según los cálculos de Seopan, la deuda vencida (con antigüedad superior a 60 días) de las administraciones públicas ascendía a finales de 2008 a 16.400 millones de euros, aproximadamente el 1,5% del PIB y un tercio del total de obra pública ejecutada en dicho año.
A su juicio, deberían modificarse las normas que regulan la financiación de las comunidades autónomas y, especialmente, de las corporaciones locales, para garantizar que dispondrán a tiempo de los necesarios recursos para afrontar en plazo sus compromisos de pago, así como extremarse la observancia de las normas presupuestarias y la exigencia, en su caso, de responsabilidades.
SIN EFECTOS RETROACTIVOS.
También pidió que, dada la trascendencia que la medida va a tener en los sectores que contratan con las Administraciones Públicas y el plazo en que éstas, razonablemente, podrán ponerse al día en la deuda que mantienen con las empresas, la medida recoja un periodo transitorio "lo suficientemente amplio" para que unas y otras puedan adaptarse a las nueva norma.
Finalmente, para evitar "efectos retroactivos" de la norma debería aclararse que los nuevos plazos de pago a proveedores y subcontratistas sólo serán aplicables cuando el contrato principal del que deriven se haya suscrito con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
