Economía/Vivienda.- Facua ve "injusto" crear un registro de inquilinos morosos sin tener en cuenta la crisis

Rubén Sánchez, de Facua
EUROPA PRESS/ARCHIVO
Actualizado: jueves, 7 febrero 2013 14:21


MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua considera "injusta" la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler sin tener en cuenta las dificultades de la actual coyuntura económica.

En un comunicado, la asociación ve "aberrante" que los arrendadores vayan a tener acceso a un listado en el que puedan aparecer registradas personas que no hayan podido hacer frente a sus rentas de alquiler de forma puntual.

Para Facua, se trata de una medida "totalmente desproporcionada" si se tiene en cuenta que los caseros ya están capacitados para exigir numerosas garantías a los inquilinos a través de avales, depósitos y fianzas, e incluso cuentan con la posibilidad de recurrir al desahucio exprés o de exigir judicialmente las rentas impagadas.

La asociación se pregunta "por qué el Gobierno no plantea la creación de un registro de caseros incumplidores o acosadores, en lugar de inclinar siempre la balanza en contra de la parte más débil".

Además, Facua tilda de excesivo el plazo establecido de seis años de permanencia en estos ficheros para los supuestos infractores, en el transcurso de los cuales éstos podrían ya haberse recuperado para pasar a ser perfectamente solventes.

EN CONTRA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS.

Por otro lado, Facua alerta de que el Gobierno podría contradecir con esta decisión la propia ley de protección de datos si, tal como se ha dado a conocer, mantiene como objetivo de la enmienda evitar que los propietarios "contraten con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral".

Según recuerda, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) establece en su artículo 29.4 que sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados "siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos".