MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) reclamó hoy un pacto de Estado en torno a la política de vivienda y suelo que, coordinada entre las distintas administraciones, con participación de los agentes sociales y con planteamientos estratégicos a largo plazo, evite que la dinámica actual en esta materia "hipoteque" a las generaciones futuras.
El secretario general de MCA-UGT, Manuel Fernández 'Lito', expresó en un comunicado la preocupación del sindicato ante la utilización "masiva" que se está haciendo de la gestión del suelo para uso residencial, en detrimento de los usos industrial, comercial y agrícola.
'Lito' subrayó que, tras la aplicación durante más de nueve años de una política de suelo liberalizadora, era "imprescindible" acometer una reforma en profundidad que contribuyera a paliar las situaciones de "especulación descontrolada y urbanismo desaforado" que había generado la regulación anterior.
En este sentido, consideró que la Ley del Suelo aprobada en el Congreso de los Diputados apunta en la dirección de esa reforma, estableciendo medidas que, de aplicarse correctamente, supondrán un "paso decidido" hacia una gestión eficaz del suelo, tanto social como económicamente.
En opinión de MCA-UGT, los objetivos básicos que ha de perseguir la regulación del suelo son, por una parte, el abaratamiento de su precio como forma de contribuir a la rebaja del coste de la vivienda, y, por otra, el equilibrio entre los distintos usos alternativos a los que los terrenos pueden dedicarse, evitando que éstos se destinen en exclusiva a uso residencial.
Una vez aprobada esta ley, la Federación sindical considera que, para garantizar su cumplimiento, se hace necesario un pacto de Estado en materia de vivienda y suelo, ya que se trata de un tema que presenta un complicado reparto competencial, en la medida en que intervienen los tres niveles de la Administración (local, autonómica y estatal).
Así, en opinión de 'Lito', para que realmente se consiga una gestión eficaz, se debe alcanzar un acuerdo de planificación estratégica entre administraciones sobre la utilización del suelo, prestando especial atención a aquellas zonas donde sea necesario incidir en su desarrollo socioeconómico, sin olvidar otros aspectos de índole logística, tecnológica y medioambiental.
