El IEE aboga por elevar las penas y cortar los suministros a las viviendas ocupadas ilegalmente

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha abogado por elevar las penas en los delitos de ocupación de vivienda, así como posibilitar que los propietarios puedan cortar los suministros de la vivienda ocupada ilegalmente sin que ello tenga la consideración de delito de coacciones, tal y como reconoce la jurisprudencia más reciente.

Así lo han indicado en el estudio presentado este lunes sobre 'El problema de la ocupación ilegal en España', donde también han pedido introducir una serie de medidas que agilicen los procesos judiciales para la recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente.

Desde el IEE, han recalcado que las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España se han multiplicado por más de seis en el periodo 2018-2024, hasta el 34,5%, y que solo en 2024 el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles aumentara un 7% en comparación al año anterior, hasta rozar los 16.500 casos, mientras que los desahucios por impagos de alquileres avanzaron un 4,5%.

Si se analiza la ocupación de viviendas en España en relación con el número de viviendas vacías en cada comunidad autónoma, los datos muestran que Cataluña presenta la mayor incidencia en comparación con el total nacional, con un índice de ocupación que es casi cuatro veces superior al total nacional.

Desde el IEE, consideran que el problema de la ocupación ilegal en España es reflejo de un "deficiente" marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda.

"Es preocupante que, en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria", avisan en el informe.

Por ello, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda.

También han pedido cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles requiriéndose sello de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar.

Además, quieren elevar las penas por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal, así como en aquellas en las que se haya producido la existencia del "dolo coetáneo" al momento de la celebración del contrato que hace atraer la existencia de un delito de estafa y no un incumplimiento civil.

Desde el centro de estudios consideran necesario adoptar medidas cautelares en el proceso civil y penal que favorezcan el desalojo judicial, protegiéndose a todo propietario sea persona física o jurídica, y permitir que las denuncias ante las fuerzas de seguridad, acompañadas de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el Juzgado de Instrucción de guardia ordene el desalojo.

EQUIPARAR EL DELITO DE USURPACIÓN CON EL DE ALLANAMIENTOS

Además, el IEE ha pedido equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada, lo que permitiría obtener casa de "manera inmediata" la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal y como sucede en la mayoría de los países europeos.

"El ocupante ilegal no debe gozar del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Debe objetivarse, a través de medidas cautelares eficientes en un plazo no inferior a 72 horas para el desalojo policial", han demandado.

Por último, en materia fiscal, el instituto económico ha solicitado una exención al propietario de la obligación del pago de los impuestos que gravan la propiedad del inmueble cuando se acredite haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal.

DEFICIENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD

El 'Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) 2024' muestra que España continúa presentando deficiencias en la protección de estos derechos, situándose por debajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE), lo que subraya el deterioro de este fundamento de las economías más desarrolladas y la ausencia de medidas destinadas a la mejora de la protección de estos derechos.

Así, en 2024, España se mantuvo en la mitad inferior del ranking del Índice, posicionándose en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE, lo que indica la ausencia de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad.

Respecto a 2023, España ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la Unión Europea y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político. En términos relativos, España presenta un resultado inferior en un 4,3% al valor medio de la OCDE y un 1,9% al de la media de la UE.