MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat), la antigua Convergencia, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad de la ley catalana 24/2015 sobre desahucios y la pobreza energética (ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética).
El Parlament aprobó esta ley el 23 de julio de 2015, consecuencia de una iniciativa legislativa popular impulsada por la PAH, la Aliança Contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC y contó con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña.
Sin embargo, el Gobierno acordó el pasado 29 de abril recurrir los artículos que contemplan el mecanismo de segunda oportunidad, el alquiler social obligatorio y la cesión de pisos vacíos, así como las disposiciones que contemplan las sanciones previstas en la Ley 24/2015. Por su parte, el Tribunal Constitucional suspendió de forma temporal todos los preceptos recurridos.
LA NORMA "MÁS GARANTISTA" EN EMERGENCIA SOCIAL
El PDECat pide en su proposición no de ley, recogida por Europa Press, que el Gobierno retire el recurso de institucionalidad a la ley, a su juicio la "más garantista" en materia de derecho a la vivienda y protección a la pobreza energética "en todo el estado español", al introducir "importantes novedades" orientadas a la protección social, la garantía del derecho a la vivienda y la lucha contra las desigualdades.
En concreto, destaca que establece un mecanismo de segunda oportunidad consistente en que las personas sobreendeudadas tengan la potestad de acogerse a una mediación obligatoria para establecer un plan de pagos o un plan de reestructuración de deudas.
Si esta mediación no surte efecto, se puede acudir a un procedimiento judicial simplificado que debe terminar como mínimo con un plan de pago de obligado cumplimiento. Además, también se contempla que los fiadores puedan acudir a este mecanismo de segunda oportunidad.
Otro de las novedades que incorpora la ley para proteger a las personas que padecen un desahucio por parte de un gran tenedor de viviendas, cuando las personas o familias a desahuciar no tengan alternativa habitacional, es que el propietario les debe ofrecer un alquiler social por un período mínimo de tres años.
Para paliar la falta de vivienda, la norma incluye la posibilidad que la administración pueda obligar, bajo determinadas condiciones, a las personas jurídicas a cederle las viviendas vacías, por un periodo de tres años con el fin de incorporarlo al fondo de viviendas de alquiler para políticas sociales.
FACILITÓ 2.623 PROCESOS DE MEDIACIÓN
En su iniciativa, el PDECat destaca que durante la breve vigencia de la Ley 24/2015 los grandes tenedores de vivienda estuvieron "mucho más abiertos" a encontrar solución para evitar los desahucios y la falta de vivienda, utilizando los mecanismos de la norma.
En concreto, se produjeron 2.623 procesos de mediación y solo en la ciudad de Barcelona, durante los cinco primeros meses del 2015 se lograron evitar más de 600 desalojos.
El PDCat critica que "cuando el Gobierno presentó el recurso su actitud cambió y se volvió a la tónica anterior a la aprobación de la Ley 24/2015".
PARALIZACIÓN DE POLÍTICAS AUTONÓMICAS
En este sentido, denuncia que con las "políticas homogeneizadoras" aplicadas por el Gobierno Popular, a partir de la sentencia del Estatut, el Estado "está paralizando todas aquellas políticas impulsadas por las comunidades autónomas, particularmente por Cataluña, que dan respuesta a necesidades sociales a las que el Estado hace caso omiso, con el agravante que lo hace utilizando el argumento de la igualdad".
"Será igualdad en la desgracia, igualdad en la ineficiencia, pero no igualdad en beneficio de la ciudadanía", añade.
Para el PDCat "no tiene sentido que un Gobierno que dice que el Estado son todas las administraciones públicas y cuyo fin es buscar el bienestar de sus ciudadanos, en una materia tan importante para la vida de las personas como es la vivienda, el Gobierno ponga trabas a la defensa del derecho fundamental de la vivienda".
