MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado a UGT, CCOO, CNC, Seopan y APCE que el nuevo Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030 será un instrumento para consolidar un sistema público de acceso a la vivienda a través de una política de vivienda "contundente y eficaz" de vivienda desde lo público.
Así lo ha indicado este miércoles a los agentes sociales durante la reunión mantenida en el Ministerio de Vivienda para presentarles el l nuevo Plan Estatal de Vivienda, con el que el Gobierno quiere triplicar la financiación en políticas de vivienda, hasta los 7.000 millones de euros.
En el encuentro, Rodríguez ha reconocido el papel de sindicatos y empresarios. Los primeros, en la defensa activa del derecho a la vivienda a familias y de condiciones laborales dignas del sector de la construcción y, los segundos, en el impulso de la inversión, construcción y creación de empleo que hacen viable este derecho.
La ministra ha tratado junto a sindicatos y empresarios su preocupación por el incremento de los precios de la vivienda para las personas trabajadoras, donde ha explicado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda contempla medidas en esta dirección.
Asimismo, ha destacado otras medidas en paralelo al Plan, como la Proposición de Ley de para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, que incorpora la promoción de vivienda pública y la simplificación del marco normativo para la colaboración público-privada.
En el encuentro, junto a la ministra, han asistido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; la subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos; secretario General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; Iñaqui Carnicero; la directora de Sepes, Leire Iglesias; y la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Maite Verdú.
En representación de las entidades han acudido la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro; el secretario de Políticas Sociales de CCOO, Carlos Bravo; el vicepresidente de CEOE y presidente de Seopan, Julián Núñez; el presidente de CNC y vicepresidente de Cepyme, Pedro Fernández Alén; y el presidente de APCE, Xavier Vilajoana.
VIVIENDA ABRE A PARTICIPACIÓN PÚBLICA EL PLAN
Por otro lado, este miércoles el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado el proceso de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que posibilita un acuerdo con las comunidades autónomas para su desarrollo, de manera que se podrán realizar aportaciones hasta el día 7 de octubre.
De esta manera, el Departamento de Isabel Rodríguez arranca la audiencia pública previa del Proyecto de Real Decreto con el objetivo de aprobar el plan en el Consejo de Ministros en la segunda quincena de diciembre, como paso previo a su entrada en vigor en el próximo ejercicio.
Según el calendario presentado por Isabel Rodríguez ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, está previsto, de igual manera, una reunión multilateral y sectorial con las Comunidades Autónomas en la segunda quincena de septiembre para tratar este nuevo Plan Estatal.
La principal novedad del plan respecto al anterior reside en triplicar la financiación y en blindar el parque público de vivienda, con el objetivo de alcanzar estándares europeos tanto en volumen como en protección.
El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista en el plan, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.
CCOO Y UGT VALORAN EL PLAN, PERO CREEN QUE CARECE DE "AMBICIÓN"
Por su lado, los sindicatos CCOO y UGT han indicado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda supone un "avance" respecto a los anteriores, pero carece de la "ambición necesaria" para convertir a la vivienda en el 5º Pilar del Estado de Bienestar.
Desde los sindicatos han valorado de manera positiva algunas líneas de actuación, como el incremento presupuestario, aunque consideran que es "insuficiente", o que las comunidades autónomas deban comprometerse a no declasificar la vivienda financiada con fondos públicos.
También valoran que para el programa de captación o cesión de vivienda vacía, para poner en alquiler social o asequible, se aumenta el presupuesto en el caso de las cesiones temporales para la rehabilitación inicial desde los 8.000 euros con un límite del 75% hasta los 12.000 euros, pudiendo ser el 100%, y una vez acabada la cesión hasta 18.000 euros, pudiendo llegar a 20.000 euros por vivienda para sufragar hasta el 100% de los gastos de las obras y actuaciones necesarias para recibir la vivienda en las mismas condiciones en que fue cedida.
Asimismo, han saludado que el Plan recoja un incremento en los límite de ingresos para acceder a ayudas del plan -- pasa de tres a cinco veces el IPREM, lo que supone 42.000 euros por hogar pudiendo llegar ciertos colectivos, familias numerosas o personas con discapacidad hasta los 50.400 euros -- o la ampliación del limite de renta de los alquileres de vivienda y habitaciones que pueden solicitar las ayudas pasando de los 600 a 1.000 euros en el caso de las viviendas y de los 300 a 600 euros en el caso de las habitaciones.
Sin embargo, han señalado algunas carencias en las medidas, como las ayudas al alquiler anunciadas, que lejos de favorecer el acceso a la vivienda de la población joven, según CCOO y UGT, pueden tener el efecto contrario si acaban trasladándose íntegramente al precio fin, por lo que han reivindicado medidas que "realmente ayuden" a reducir la edad de la emancipación juvenil.
También apuntan que las medidas para intentar rehabilitar los entornos rurales son "insuficientes" "pocos efectivas" si no van acompañadas de otras políticas relacionadas con el empleo, la movilidad laboral, el acceso a los servicios públicos básicos como la educación, sanidad o transporte.
"Es imprescindible continuar legislando, regulando y limitando el uso de viviendas temporales y turísticas que se han convertido en modelos usados por muchos propietarios para burlar tanto la Ley de Vivienda Estatal como la Ley de Arrendamientos Urbanos", han indicado.
APCESPAÑA CREE QUE EL BORRADOR ES "UN PRIMER PASO"
Por su lado, desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) creen que el borrador del plan es "un primer paso" para aportar soluciones efectivas que permitan ampliar el parque de viviendas de protección oficial en España, aunque piden esperar a que se materialice.
Así, ha valorado positivamente el incremento de la dotación presupuestaria, pero ha reiterado la necesidad de habilitar suelo para la construcción de VPO, tanto por promotores públicos como privados, además de modificar la regulación urbanística, que dificulta -e incluso paraliza- desarrollos urbanísticos una media de 16 años.
"El verdadero reto está en recuperar la seguridad jurídica e impulsar políticas de vivienda que activen el desarrollo de suelo, que reduzcan las trabas administrativas que intervienen en el proceso de promoción y que permitan aumentar de forma sostenida la producción en todo el territorio y acabar con el actual déficit de vivienda", ha expuesto.