MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incorporar las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al parque público estatal de alquiler asequible.
Esta operación se realizará a través de Casa 47 y, según fuentes de Vivienda, respetará "siempre el marco legislativo propio" del Patrimonio de la Seguridad Social.
Así, ambos ministerios han acordado que no habrá ninguna nueva subasta ni venta de esas viviendas.
En diciembre de 2024, mediante real decreto-ley, se dictaminó que todos los inmuebles patrimonio del Estado susceptibles de ser vivienda serían transferidos a la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda Sepes (ahora Casa 47) para el desarrollo de políticas de vivienda asequible.
Así, ha indicado que están analizando cuál es la forma de hacer posible que estos inmuebles pasen a la cartera del Ministerio de Vivienda, subrayando que "en el punto" en el que están "no va a haber ninguna subasta ni venta de esas viviendas".
Sin embargo, como ha explicado este viernes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, algunas administraciones, como la Seguridad Social, tienen unos procesos más complejos que han impedido que la transferencia fuera inmediata.
Esta noticia llega después de que, el pasado abril, la subdirectora general de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegara la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.
Así se lo comunicó este organismo dependiente del departamento que dirige Elma Saiz a los vecinos afectados por la venta de estas viviendas públicas en una comunicación oficial fechada el pasado día 30 de marzo.
En ella se denegaba la posibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años aprobada en el Real Decreto 8/2026 sobre prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual, decreto que finalmente decayó tras un mes de vigencia por la falta de apoyos en el Congreso.
Esta decisión de la Tesorería afectó a numerosas viviendas vacías situadas en el centro de Madrid en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico procedentes de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012.
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