Vivienda urge a limitar los pisos turísticos y usos no residenciales en las zonas tensionadas

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana urge a limitar los pisos turísticos y los usos no residenciales en las zonas tensionadas tras analizar el Informe Anual 2025 del Banco de España, que pone de manifiesto que las viviendas turísticas y en manos de extranjeros alcanzaron una cifra cercana a las 900.000 en 2025.

Además, el Banco de España señala que el 50% del déficit residencial acumulado que hay en España se concentra en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, que son también las que registran una mayor presencia de propietarios no residentes, según destaca el Ministerio.

Además, señala que, aunque estas 900.000 viviendas solo representa el 3,3% del parque de viviendas de España, su impacto "es notable porque se concentran en determinadas zonas", alcanzando ratios de hasta el 14% en zonas como Alicante y Málaga.

Por tanto, Vivienda considera que estos datos reflejan un "impacto directo" de la actividad turística y de los usos no residenciales en el acceso a la vivienda, por lo que urge a limitar la presencia de este tipo de viviendas y a priorizar el uso residencial.

En este sentido, ha emplazado a las administraciones competentes a clausurar los 111.000 pisos turísticos ilegales detectados gracias a la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital; y a usar los fondos y programas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (dotado con 7.000 millones de euros) para reorientar el uso de estas viviendas al residencial de larga duración.

Entre los programas del PEV que pueden servir para este fin, el Ministerio destaca las ayudas para adquirir estas viviendas. Así, se ayuda a las comunidades autónomas para que puedan ejercer su derecho a tanteo y retracto o para que puedan adquirir vivienda de forma directa a través la financiación del 70% del coste de adquisición.

El porcentaje de financiación puede ascender hasta el 85% en caso de que la vivienda adquirida se ubique en una zona tensionada. Esa vivienda se pondrá en alquiler asequible.

Asimismo, pone de relieve las ayudas para que se cedan estas viviendas. Con esto, se ofrece una ayuda de hasta 50.400 euros a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma durante siete años para que sea la Administración regional quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible. El precio máximo será de 600 euros mensuales, que se sumarán a la ayuda.

Además, incluye una previsión de rehabilitación y obras de mejora antes y después del alquiler, para conservar el estado del inmueble. La comunidad autónoma se encargará de la gestión integral del alquiler, transferirá las rentas a la propiedad y, cuando finalice el contrato, devolverá la vivienda a su propietario en buenas condiciones.