MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó hoy remitir al "órgano judicial competente" el testimonio de las actuaciones relativas al ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y ex subsecretario de Agricultura Nicolás López de Coca, el principal acusado en el juicio que comenzó ayer a celebrarse en esta sede judicial por el denominado fraude del Lino, consistente en la obtención irregular de ayudas de la UE para la transformación de esta planta para su uso textil.
El presidente del tribunal, Fernando Bermúdez de la Fuente, argumentó que "la situación" de López de Coca "no guarda conexión" con el resto de los 18 imputados, a quienes se les acusa de falsedad documental y fraude de subvenciones, "por lo que no queda inmerso en ninguno de los delitos que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye la competencia a la Audiencia Nacional" para juzgarlos.
La Fiscalía Anticorrupción imputa al ex subsecretario de Agricultura un delito de tráfico de influencias por el que se pide un año de prisión, multa de 144.242 euros e inhabilitación especial para ejercer cargo público durante cuatro años. Se le acusa de presionar al ex consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha para modificar una Orden autonómica que excluía a sus hijos y otros familiares de la obtención de ayudas de la UE.
A la salida de las instalaciones de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, en Madrid, López de Coca declaró que el "juicio nació en política, seguirá politizado y morirá politizado". "El caso del lino soy yo. Si ven la prensa, fuera de mí no hay nada. Se han quedado sin muñeco", manifestó el ex subsecretario de Agricultura, que se mostró "muy satisfecho" con la resolución de la Sala.
La Sección Cuarta de lo Penal resolvió así la cuestión previa planteada ayer por el abogado de López de Coca, Javier Cons, que pidió al tribunal la nulidad de las actuaciones sobre unas llamadas telefónicas intervenidas a su cliente realizadas al ex consejero de Agricultura de la Junta de Castilla La Mancha Alejandro Alonso.
La decisión del tribunal provocó una protesta por parte del fiscal Anticorrupción Juan Pavia, el abogado del Estado y los representantes de la Junta de Extremadura y Castilla La Mancha.
COMPETENCIA
Por otro lado, el tribunal se opuso a la falta de competencia de esta sede judicial para enjuiciar los hechos delictivos que se imputan al resto de los acusados, a pesar de que reconoció que "la magnitud del fraude" que recogió la denuncia que interpuso la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio de marzo de 2001 "no resultó ser tan amplia" como lo fue en su momento.
No obstante, Bermúdez de la Fuente precisó que la Unión Europea sancionó a España con la pérdida de ayudas agrarias estimadas en 113 millones de euros, lo que avaló la "tesis del fraude generalizado" cometido por las empresas transformadoras de lino y los agricultores implicados en esta causa.
El presidente de la Sala precisó que el fraude en la obtención irregular de fondos comunitarios sí "perjudicó entonces a aquellos agricultores que no pudieron recibir las subvenciones legítimas".
La mayoría de las defensas plantearon ayer la "inexistencia" de competencia de este órgano, al no existir un fraude generalizado. Alegaron que la supuesta cantidad defraudada alcanzó los 3 millones de euros, una cantidad que "carecía de significativa cuantía" para causar una grave repercusión a la economía nacional.
COLINO
Por otro lado, los acusados comenzaron a declarar esta mañana sobre su implicación en la obtención irregular de ayudas de la UE para la transformación de lino para uso textil. El primero de ellos fue Gonzalo Ruiz Paz, uno de los propietarios de la empresa transformadora Compañía Linera del Centro (Colino).
Ruiz Paz se enfrenta, junto a su hermano Enrique, a una petición de pena de 3 años de cárcel y multa de 30.000 euros. Según el escrito, la empresa solicitó ayuda a la producción de lino textil por haber sembrado 14,59 hectáreas. Pese a ello, la inspección de campo determinó que la totalidad de la superficie declarada como sembrada era incapaz de producir lo declarado.
El acusado declaró al tribunal que "el agricultor no necesita autorización para transformar varilla a lino y recibir ayudas" comunitarias. Añadió que los agricultores tienen que "comprometerse a transformar lino por su propia cuenta o traerlo a una empresa autorizada" para ello.
Ruiz Paz aseguró que la Junta de Castilla La Mancha le negó "el rendimiento de una máquina transformadora para justificar una serie de irregularidades", lo que demostró, según dijo, que "la Junta actuó de mala fe". Esta decisión llevó al cese de la actividad del acusado.
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