Economía/Empresas.- CiU retira su enmienda de totalidad a la Ley de Defensa de la Competencia para poder negociarla

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de CiU retiró hoy en el Pleno del Congreso su enmienda a la totalidad de la Ley de Defensa de la Competencia por entender que el Gobierno está dispuesto a negociar aspectos que preocupan a la formación nacionalista, entre los que se encuentran elementos competenciales y de ayudas públicas.

En el debate de la Cámara Baja, el portavoz de Economía y Hacienda de CiU, Josep Sánchez Llibre, defendió su enmienda de devolución a este proyecto de Ley considerando que se trata de una reforma "parcial e incompleta", que no se adapta "a la nueva realidad competencial de Cataluña tras la reciente aprobación de su Estatuto".

En la misma línea, recalcó que el "proyecto del Gobierno deja abierto un importante flanco de inseguridad jurídica". A estas razones, agregó "la creación del pacto entre el PSOE y el PP", por el que los 'populares' retiraron ayer su enmienda de totalidad al proyecto.

Aunque insistió en que CiU no quiere que se rompa la unidad de mercado, aseguró que sí persigue "abarcarlo legítimamente", y consideró "preciso" que la ley "deje claros los puntos de conexión entre ambas administraciones como ocurre con los Órganos de Defensa de la Competencia".

Sánchez Llibre hizo hincapié en "la necesidad de cambiar el modelo del Gobierno para que reconozca un ampliación de las competencias y fijar mecanismos de coordinación" y rechazó "aspectos de desequilibrio" relacionados con los órganos autonómicos.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, señaló que la Ley de Defensa de la Competencia, surgió de la "necesidad de adaptar y poner al día el sistema de Defensa de la Competencia". Así, recordó que la función principal del proyecto es "reforzar la independencia en las decisiones, la seguridad jurídica de operadores económicos y dotar al sistema de una mayor eficiencia".

Solbes también mencionó algunas novedades de la ley como la relativa a la "creación de una autoridad como la Comisión de Defensa de la Competencia" para mantener "la separación de las fases de instrucción y resolución" y la incorporación de "un consejo formado por juristas y economistas de prestigio al frente".

Asimismo, resaltó que la segunda "gran novedad" de la ley es "el refuerzo de la lucha contra las conductas más restrictivas de la competencia" y resaltó mecanismos de "transparencia y control de actuaciones".

Ante la enmienda de totalidad de CiU, el ministro dejó claro que el Gobierno y el PSOE "siempre están dispuestos a discutir para obtener el mayor respaldo parlamentario posible" y explicó que su proyecto "respeta el actual sistema e incorpora elementos aceptados por la UE", a lo que añadió "el respeto" del mismo al Estatuto de Autonomía de Cataluña.

SOLBES VE UN "REPARTO ADECUADO DE COMPETENCIAS".

A su juicio, la norma contempla "un reparto adecuado de las competencias y es un sistema en el que se resuelven temas a diferentes niveles". Señaló que el hecho de que el Consejo de Defensa de Competencia pueda solucionar grandes problemas "no impide la posibilidad conversaciones bilaterales" y opinó que "es prematuro concluir que la norma no va a funcionar".

Además, Solbes recordó que las actuaciones que se contemplan en el marco de la ley "no superan los 240 millones de euros, lo que no se reduce a una comunidad autónoma" e indicó la ausencia de "incompatibilidades" en la norma, y subrayó que, a su juicio, "está bien trabajada y enfocada de forma correcta. En cualquier caso, aseguró que "hay elementos que se pueden hablar a lo largo de la negociación".

Después de escuchar las palabras del vicepresidente económico, el portavoz de CiU anunció la retirada de la enmienda de devolución del texto que había presentado y defendido en la tribuna de la Cámara, a la espera de negociar con Gobierno y PSOE algunos de los aspectos que le preocupan, como en las concentraciones autonómicas.

De esta manera, expresó su deseo de negociar otros aspectos como los relativos a "ayudas públicas", y consideró que los grupos parlamentarios van por el "camino de la conciliación en temas de administración".

POSICIÓN DE LOS GRUPOS.

La diputada Olaia Fernández, del BNG, secundó preocupaciones en el ámbito de las competencias autonómicas y reconoció avances en el proyecto de ley de Defensa de la Competencia. En concreto, criticó los elementos de la norma relacionadas con las concentraciones.

Por su parte, el portavoz de Economía de CC-NC, Luis Mardones, puso sobre la mesa la importancia de trabajar "por los consumidores", a los que consideró "imprescindibles" y abogó por "la transparencia" en este sentido. Del lado de IU-ICV, el diputado Ángel Pérez, prefirió esperar a las negociaciones y al consenso por el que apostó el vicepresidente económico.

El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu se quejó de "los acuerdos alcanzados con el PP van a obstaculizar las negociaciones" con su grupo, porque las pretensiones de los 'populares' "van en dirección contraria" a las de los nacionalistas.

A estas palabras, agregó la "importancia" de la ley para la formación vasca y propuso "un modelo de reparto de competencias" inspirado en el existente para los estados miembros de la UE.

Desde ERC, Joan Puig, respaldó la opinión del portavoz vasco, y aseguró su preocupación por el acuerdo de PSOE y PP, y dejó claro que no apoyará el proyecto de ley si no respeta las competencias.

ACUERDO CON EL PP.

El diputado 'popular', Antonio Erias, recordó la enmienda de totalidad que su grupo había presentado pero que retiró después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno, que a su juicio, mejora la "estabilidad y seguridad jurídica" de la norma.

Erias subrayó que la principal razón de la retirada de su petición de devolución del proyecto es la garantía del Gobierno de respetar "el principio constitucional de unidad del mercado".

Finalmente, la portavoz socialista, Elisenda Malaret, aseguró que "se encontrará un buen camino para el consenso", y defendió las claves del modelo español de descentralización de competencias. Hizo hincapié en que en el proyecto, "se amplían las competencias de los órganos autonómicos".

Malaret apostó por trabajar "con mayor rigor" en esta materia, y pidió paciencia a los nacionalistas, ya que la ley se encuentra en una "fase incipiente". "Faltan aún datos y elementos para que se plantee un cambio de criterios de conexión y por tanto, del modelo", concluyó.