MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
Empresarios y sindicatos consideran que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha puesto en riesgo las inversiones comprometidas por Endesa en los sistemas insulares, que ascienden a un total de 3.932 millones de euros entre 2005 y 2009, al obligar a E.ON a deshacerse de los activos de generación eléctrica de los archipiélagos, entre otras cosas, si quiere hacerse con el control de la compañía que preside Manuel Pizarro.
Endesa, que es objeto de las OPAs formuladas por Gas Natural y por la alemana E.ON, tiene comprometidas inversiones en Baleares y Canarias por un periodo de cuatro años, a pesar de que no hay plenas garantías de que el marco regulatorio vaya a ser completado, algo que algunos potenciales compradores de estos activos ven como un impedimento, según diversos analistas consultados por Europa Press.
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, así como los sindicatos de Endesa (UGT, CC.OO. y ASIE) han remitido sus respectivos escritos a la comisaria de Competencia de la Unión Europea (UE), Neelie Kroes, para mostrar su preocupación por la resolución de la CNE.
Así, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha enviado una carta a Kroes en la que afirma que las condiciones impuestas por la CNE a E.ON podrían causar problemas de suministro eléctrico que dificultarían el desarrollo de la actividad turística de las Islas Canarias.
El presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González Martín, destaca la "situación de incertidumbre" que provoca el dictamen de la CNE, ya que "no establece de forma alguna" a quien irán a parar los activos de Endesa en las Islas Canarias, ni cómo se garantizaría que el proceso se resuelva con garantías para las inversiones, empleados y clientes canarios.
Por su parte, el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, José Fernando Rodríguez Azero, remitió una carta a la comisaria, así como al director general de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea (UE), Philip Lowe, en la que expresa su temor por las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA de la eléctrica E.ON sobre Endesa. En particular, la organización, integrada en la CEOE se muestra preocupada por la exigencia de que Endesa enajene Unelco, su filial de las islas, en caso de que prospere esa operación.
Estos escritos se viene a sumar al remitido por los sindicatos de Endesa, que han solicitado a Kroes que al analizar la autorización del organismo regulador del mercado tenga en cuenta que las condiciones impuestas por el organismo español suponen de facto un "desmembramiento" de la compañía, que ocasionará "graves perjuicios" a trabajadores y consumidores, tendrá consecuencias "nada despreciables" para el mercado y significará la desaparición de la firma como uno de los operadores de referencia del país.
En concreto, los representantes de UGT, CC.OO. y ASIE (centrales que agrupan el 96% de la representación legal de trabajadores de Endesa en España) destacan que "el desmembramiento" de Endesa causaría en el mercado español una reducción "significativa" de la posición de la compañía en España, sin actividades insulares y con menor capacidad de generación. "Su mix de producción quedará desequilibrado y falto de competitividad", alertan.
El plan estratégico de Endesa contempla inversiones por un total de 2.180 millones de euros en Canarias hasta el 2009, mientras que prevé destinar otros 1.752 para Baleares. Los analistas, por su parte, creen que no habría ninguna seguridad de que tales inversiones fueran a tener continuidad, especialmente si se considera el esfuerzo financiero que las compañías adquirentes habrían de hacer para comprar tales activos.
LIBERALIZACION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS.
Por su parte, los analistas insisten en que algunas eléctricas no han mostrado interés en mantener el nivel inversor en las islas, debido a la falta de desarrollo normativo sobre esta materia. El pasado 10 de abril entraron en vigor dos órdenes ministeriales que contemplan la liberalización de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y les dotan estabilidad para que las empresas acometan inversiones a medio y largo plazo.
El Gobierno se comprometió a dotar a los archipiélagos de un sistema eléctrico estable y liberalizado. Estos requerimientos se habían convertido en una reivindicación histórica de las autoridades de estas autonomías cuyas peculiaridades han exigido históricamente un tratamiento diferenciado al del sistema eléctrico de la Península.
En los territorios insulares y extrapeninsulares los costes de generación y distribución de energía eléctrica son mayores. Sin embargo, sus consumidores pagan el mismo dinero por kilovatio/hora (KWh) de luz que los consumidores de cualquier otro punto de España, gracias a un sistema de compensaciones para las empresas generadores de electricidad.
Estas órdenes ministeriales identifican unos valores estándares para la generación como inversión, que deberán ser revisados periódicamente. No obstante, el Gobierno aún tiene pendiente aprobar un conjuntos de procedimientos para la consecución de la liberalización de estos mercados.
