MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la que se traspone la directiva comunitaria sobre contratación pública y se pretende además contribuir a fomentar la competencia, la concurrencia y la transparencia de estos procesos.
El texto, que queda así listo para iniciar su tramitación parlamentaria, amplía los distintos sistemas de contratación e introduce la posibilidad de sopesar determinados criterios sociales y medioambientales, tales como el fomento del empleo, a la hora de adjudicar contratos públicos.
Según el Ejecutivo, el nuevo texto implicará una "profunda modificación estructural del mercado de contratación pública" y se ha elaborado a partir de los principios de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia.
En concreto, con el fin de suprimir eventuales barreras a la entrada en el mercado de los contratos públicos, la nueva ley suprime la garantía provisional del 2% del presupuesto de licitación que las empresas que concurrían a un concurso tenían que presentar. La presentación de documentación se limitará a un certificado del registro de licitadores.
Asimismo, se facilitará publicidad electrónica gratuita, el acceso a pliegos, proyectos, y demás documentos por esta vía, e incluso la contratación electrónica.
La nueva Ley de Contratos prevé además incluir una nueva regulación de la subcontratación para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al mercado de compras públicas.
NUEVOS SISTEMAS DE ADJUDICACIÓN
Con el mismo fin de fomentar la concurrencia y la transparencia, la nueva normativa incorpora nuevas figuras para la adjudicación de contratos, para poder optar por la más adecuada para cada contrato.
Entre ellas destaca el contrato negociado con publicidad para contratos de hasta un millón de euros en obras y de hasta cien mil euros en otro tipo de adjudicaciones; la apertura de diálogos competitivos para contratos especialmente complejos, así como subastas electrónicas (que permitan la mejora en tiempo real de las propuestas de los licitadores).
También se introducen nuevos mecanismos para la racionalización de la contratación, tales como acuerdos marco, que fijan condiciones para celebrar contratos singulares; sistemas dinámicos de adquisición (presentación de ofertas indicativas en cualquier momento que habrán de tenerse en cuenta en futuras licitaciones), y centrales de contratación (adquisición centralizada de bienes y servicios para distintos usuarios).
Además, la nueva ley introduce un nuevo contrato típico, para articular la colaboración público-privada que permite el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista y que la financiación sea anticipada por el sector privado.
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
En virtud de la nueva ley se creará una plataforma de contratación del Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor legal, se tramitarán las solicitudes de registro y de clasificación de licitadores y se obtendrán los certificados correspondientes.
Esta plataforma también proporcionará otros servicios, tales como licitación y contratación centralizada, registro público de contratos, arquitectura de componentes para desarrollo de aplicaciones interoperables de contratación, y provisión de aplicaciones específicas.
Asimismo, el nuevo texto definirá regímenes especiales para los contratos ligados a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el acceso a revistas y bases de datos electrónicas.
Además, con la reforma de la ley el Gobierno persigue introducir aspectos sociales y medioambientales a la ahora de adjudicar contratos públicos y, para ello, podrá sopesar que las ofertas contribuyan a combatir el paro, a promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral y a eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado.
El proyecto de ley prevé, además, que el incumplimiento de estas condiciones suponga la resolución del contrato o penalizaciones económicas proporcionadas al incumplimiento, situando a estas condiciones de tipo social o medioambiental como obligaciones esenciales del contrato.
