MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las consultoras privadas Roland Berger y Boston Consulting ya han entregado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) el resultado de su trabajo para definir los nuevos estándares de retribución para las energías renovables, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.
Los informes de las consultoras incluyen las tablas con los distintos perfiles retributivos de las instalaciones en función de sus características. IDAE debe ahora contrastar estos modelos con los que, en paralelo, ha ido elaborando.
Tras esta tarea, el nuevo esquema de retribución queda pendiente de que, previsiblemente en enero, se apruebe el nuevo real decreto sobre energías renovables, en el que se regula el criterio de rentabilidad razonable establecido por el Gobierno en la reforma energética.
En el caso de las renovables, la rentabilidad razonable será durante el primer periodo retributivo de seis años, revisable a los tres años, de un 7,5% antes de impuestos, resultante de la evolución de los tipos del Tesoro más un diferencial.
En función de los estándares fijados por las firmas privadas, las plantas recibirán una retribución a partir de este 7,5% de rentabilidad, que se aplicará a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación, incluida la ya pasada.
A partir de enero, se realizará una asignación de las distintas instalaciones a las diferentes categorías definidas por el Ministerio de Industria con ayuda de las firmas privadas.
Es en este punto en el que puede iniciarse una posible litigiosidad por parte de los productores de electricidad, que podrían recurrir por vía administrativa la forma en que ha quedado clasificada su planta.
Las fuentes dan por hecho que muchas empresas presentarán recursos en esta fase del proceso, e incluso los productores particulares de tecnologías como la fotovoltaica, a pesar del desgaste que les provoca haber sufrido recortes desde finales de 2010.
Boston Consulting y Roland Berger prestarán asistencia técnica en procedimientos judiciales y arbitrajes en los que participe la Administración General del Estado.
