MANAGUA, 3 Mar. (EP/AP) -
El representante del Banco Mundial (BM), Joseph Owen, confía en que el Estado nicaragüense y Unión Fenosa lleguen a un acuerdo sobre el cobro de un seguro de expropiación por importe de 53 millones de dólares (40 millones de euros) que reclama la compañía.
"Las negociaciones se han iniciado y esperamos un acuerdo entre las partes", dijo ayer Owen, quien precisó que dicho pago no es obligatorio si el Estado y la empresa española alcanzan un acuerdo.
Varios funcionarios de una aseguradora del BM, conocida como Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA, en inglés), se entrevistaron con ambas partes para que no se haga efectivo el pago millonario por una supuesta expropiación del Estado, que aduce que Unión Fenosa no cumplió el contrato de concesión de distribución eléctrica.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha insistido en que la multinacional española faltó al contrato que suscribió en 2000, al no cumplir con las inversiones previstas, y que al desconocer un trámite de arbitraje iniciado el año pasado, se amparó ante el BM.
La distribuidora arrastra una deuda de más de 20 millones de dólares (15 millones de euros) con las generadoras privadas y estatales. Además, aduce pérdidas millonarias por un supuesto "fraude eléctrico" que cometen grandes consumidores de energía, junto a miles de personas de barrios marginados que se conectan ilegalmente al sistema.
El nuevo ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacciolli, dijo a los periodistas que las generadoras deben cobrar judicialmente la deuda de Unión Fenosa "para impedir el abultamiento" de la misma.
En los últimos días, han aumentado los racionamientos de energía en todo el país debido a que varias plantas abandonaron la red por problemas de generación alegando que Unión Fenosa no les paga.
El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, advirtió de que, al recurrir Unión Fenosa al Banco Mundial y al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (Apri) entre España y Nicaragua, el Gobierno va a hacer "uso de todo".
"Si Unión Fenosa no invierte en la modernización del sistema de distribución para operar, entonces las cosas que están pidiendo son difíciles de hacer", indicó.
Ortega protestó esta semana porque, según él, Fenosa recurrió al embajador de España en Nicaragua, Jaime Lacadena, para presionar al Gobierno a su favor. No obstante, Lacadena, desmintió ayer las acusaciones del mandatario.
En un comunicado, el embajador dijo negar "de manera rotunda que, en ningún momento ni bajo supuesto alguno, se haya condicionado la ayuda solidaria de España al pueblo nicaragüense", según informa el diario local 'La Prensa'.
Asimismo, manifestó "su sorpresa y disgusto por las informaciones publicadas" al respecto. "España reafirma su permanente compromiso con el pueblo nicaragüense y manifiesta su total apoyo al proceso de desarrollo de Nicaragua y a las iniciativas de lucha contra la pobreza", destacó.
