La Agencia Tributaria contesta que es "imposible" determinar esta cifra
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) acusaron hoy a las compañías eléctricas de cobrar 126 millones de euros de forma "ilícita" desde 2004 a más de seis millones de usuarios al liquidar el Impuesto Especial sobre la Electricidad en casos en los que no ha habido consumo efectivo.
Está práctica perjudica sobre todo a los propietarios de viviendas vacías, segundas residencias o viviendas temporalmente desocupadas, así como a aquellas empresas de actividad estacional que no tienen consumo eléctrico durante alguno de los meses del año.
Fuentes de la Agencia Tributaria indicaron a Europa Press que el cálculo de Gestha "no es oficial" y es "imposible" sacar la conclusión a la que han llegado los técnicos. "Al hacer la autoliquidación con la Agencia Tributaria de todos los impuestos es muy difícil derivar que hay 126 millones" cobrados indebidamente, señalaron.
Mientras, Gestha explica que en los casos de contratos sin consumo es "improcedente" facturar este impuesto y especifica el alcance de estas prácticas sobre la factura: el "cobro ilegal" se suma al gravamen del 16% correspondiente al IVA y genera un coste de un euro adicional aproximadamente por cada recibo bimestral emitido.
El Impuesto Especial sobre la Electricidad grava el consumo de electricidad y se calcula sobre la base de dos conceptos, que son el término potencia --según la potencia contratada-- y el propio consumo de electricidad.
Según explica Gestha, el usuario paga este impuesto a la compañía eléctrica en su factura de acuerdo al suministro recibido, de manera que es aquélla la que lo recauda y efectúa el ingreso en el Tesoro Público como "sustituto" del propio usuario.
Los técnicos recuerdan además que la Dirección General de Tributos puso de manifiesto en 1998 que el Impuesto Especial sobre la Electricidad no debía liquidarse si no se producía el consumo efectivo de electricidad.
NO EXIGIDA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que el criterio anterior "no ha sido secundado por la gran mayoría de las compañías eléctricas, debido quizás al coste de la adaptación de sus aplicaciones informáticas". En su opinión, resulta "chocante que esta actualización tecnológica no haya sido exigida aún por la Agencia Tributaria".
La Agencia Tributaria dice condenar cualquier cobro indebido, pero recuerda que no tiene por qué "ir detrás" de las eléctricas porque no hayan puesto al día sus aplicaciones informáticas.
Por su parte, los técnicos de Hacienda recomiendan que la devolución de los pagos efectuados por concepto de potencia instalada sin consumo eléctrico se realice "de oficio" a través de su descuento pertinente en los próximos recibos, lo que evitará molestias adicionales al consumidor, la "inundación de reclamaciones" y "el colapso" en la Agencia Tributaria.
Gestha cree además que el procedimiento más sencillo para realizar esta devolución es que la Agencia Tributaria devuelva los importes indebidos a las empresas eléctricas, que ingresaron el Impuesto sobre la Electricidad y el IVA, y que posteriormente sean estas mismas compañías quienes devuelvan la suma correspondiente a cada cliente.
Los propios técnicos, previa autorización del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se ofrecen a comprobar que las devoluciones son recibidas íntegramente por los usuarios.
INSPECCIONES DE LA AGENCIA.
La Agencia Tributaria asegura que el año que viene inspeccionará los resultados de la autoliquidación para determinar el dinero que se tendrá que devolver a las eléctricas para que éstas lo entreguen a su vez a los consumidores.
En ningún caso, señala la Agencia, los contribuyentes tendrán que solicitar la devolución ni los técnicos de Hacienda serán los encargados de supervisar que los usuarios la reciben.
Por otro lado, Gestha afirma que existían informes de 2006 en los que se alertaba de esta práctica, sin que las autoridades de la Agencia Tributaria adoptaran una solución, lo que ha conducido a la asociación a dirigirse directamente a los grupos parlamentarios en el Senado con el objeto de evitar mayores perjuicios a los consumidores.
La Agencia Tributaria niega este extremo y afirma que no ha habido ningún informe oficial. Sí reconoce que durante 2007 se ha conocido el asunto y se ha tomado nota del mismo.
Ayer se publicaron las enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos para 2008, presentadas por el Partido Popular y CiU, encaminadas a conseguir la devolución de estos ingresos indebidos efectuados en los últimos cuatro años que aún no han prescrito.
Por comunidades autónomas, Andalucía registró las mayores cuantías de cobros de este tipo, por 20,9 millones, seguida de la Comunidad Valenciana (19,3 millones), Cataluña (18,7 millones) y Castilla y León (10,1 millones).
