MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados abrió esta tarde la puerta al traslado de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a Bilbao al aprobar una moción, pactada por el PNV y el PSOE, y con la única oposición del PP, en la que se insta al Gobierno a iniciar negociaciones con el Ejecutivo vasco para cumplir su compromiso de "localización policéntrica de los organismos reguladores".
El PNV había planteado un texto inicial en el que se pedía iniciar "de inmediato" conversaciones con el Gobierno vasco para concretar la localización, en esta legislatura, en Euskadi, "de aquel organismo regulador que mejor se adecue a la estructura económico-industrial de dicho territorio". Ese organismo es la CNE, según manifestó recientemente el lehendakari, Juan José Ibarretxe.
El PSOE cree que ahora no es el momento de dar por sentado ese traslado por lo que propuso una redacción más genérica en la que se instaba a iniciar conversaciones con el Gobierno vasco "para dar cumplimiento específico" a la moción que aprobó de 2004 el Congreso para la "localización policéntrica" de los organismos reguladores, y que posibilitó el traslado a Barcelona de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
"Compartimos totalmente la filosofía general planteada en la moción del PNV", dijo la diputada socialista Arantxa Mendizábal, añadiendo que su partido "mantiene la apuesta por ese modelo multipolar que da significado a un Estado descentralizado y plural".
No obstante, sugirió "tranquilidad" al PNV acerca de su pretensión, lo que justificó abogando por la necesidad de "administrar bien los tiempos" para que las "cosas" se hagan bien y "bajo los criterios de eficiencia y transparencia".
Además, el Congreso aprobó elaborar "un plan en el que se determinen los criterios a aplicar y los pasos que se propone dar" el Gobierno para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en aquella moción de 2004, y "poder avanzar así en el proceso de localización policéntrica de los organismos reguladores".
El texto salió adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, cuya portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó su voto en contra asegurando que la propuesta "no se plantea bajo criterios de eficiencia e independencia, sino a través de criterios políticos y electoralistas, relacionados con el poder".
