BRUSELAS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un total de diez países de la Unión Europea liberalizarán sus mercados energéticos a partir de mañana, domingo 1 de julio, trece lo han hecho ya, entre ellos España, y otros cinco mantendrán sus monopolios nacionales hasta 2010 ó 2013, dependiendo de los casos, según los datos dados a conocer hoy por la Comisión Europea sobre la situación en la UE a dos días de que entre en vigor la normativa comunitaria sobre la apertura del mercado energético a la competencia.
Francia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Luxemburgo e Irlanda, son los diez países que abrirán el gas y la electricidad de manera inminente. Italia, que ya tiene abierto su mercado del gas, hará mañana lo mismo con el de la electricidad, igual que Letonia y Grecia, que en el caso del gas lo prolongarán hasta 2010. Suecia --que tiene ya liberalizado el sector eléctrico--y Estonia se disponen a abrir el gas a la competencia.
Bruselas considera los servicios energéticos "de interés general" y, por tanto, a los que todo ciudadano europeo tiene que tener acceso. Además, cree que los usuarios tienen derecho a recibir mediante un pago un nivel "regular, predecible y eficaz" de gas y electricidad.
Los Estados miembros tienen también que adoptar las medidas adecuadas para garantizar el acceso a este tipo de servicio, especialmente a los usuarios más vulnerables, a precios "razonables y transparentes".
En opinión del Ejecutivo comunitario, la apertura del mercado es una buena señal que puede atraer y aumentar la inversión. Recuerda también que los operadores pequeños, los que llegan directamente al consumidor, tienen la obligación legal separar las actividades de producción y distribución.
A pesar de la apertura llevada a cabo en muchos países, el Ejecutivo comunitario considera que el mercado no funciona correctamente y ha iniciado una investigación sectorial para mejorarlo y hacerlo más eficaz. De igual modo, tiene abiertos más de treinta procedimientos de infracción por incumplimiento de la normativa comunitaria.
La mayoría se centran en irregularidades relacionadas con una inapropiada separación de los servicios de distribución y transporte o la existencia de contratos históricos por periodos de tiempo demasiado prolongados. La comisaria europea encargada de Competencia, Neelie Kroes, investiga también qué tarifas reguladas pueden constituir una ayuda de Estado encubierta.
