MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno persigue limitar el acceso al mercado español del gas a empresas de fuera de la Unión Europea, según consta en un conjunto de enmiendas, remitidas por el Grupo Socialista en el Congreso al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos con el fin de adaptarla a la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.
Así, la autorización para ejercer la actividad como empresa comercializadora de gas natural podrá ser denegada o condicionada, previo informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en los casos en que la empresa solicitante o la sociedad dominante del grupo al que aquélla pertenezca tenga la nacionalidad de un país no miembro de la Unión Europea en el que no estén reconocidos derechos análogos y se considere que pueda resultar una alteración del principio de reciprocidad para las empresas que operan en el mercado nacional.
Además, la enmienda resalta que "en ningún caso la autorización se entenderá concedida en régimen de monopolio, ni concederá derechos exclusivos. De esta manera, las empresas que quieran actuar como comercializadoras, habrán de contar con autorización administrativa previa, que tendrá caracter reglado y será otorgado por la Administración competente, atendiendo a los requisitos que se establezcan reglamentariamente, entre los que se incluirán, en todo caso, la suficiente capacidad legal, técnica y económica solicitante.
La solicitud de autorización para actuar como comercializador especificará el ámbito territorial en el que se pretenda desarrollar la actividad. El PSOE justifica esta enmienda en que en la legislación actual no figura ni la falta de apertura del mercado ni la falta de reciprocidad como causa para denegar la autorización com empresa comercializadora de gas natural. La enmienda en cuestión sostiene que considerando la coherencia normativa, dichas causas deberían ser motivo de denegación de la autorización para ejercer la comercialización en España.
Asimismo, el PSOE alega que "no tiene sentido" autorizar a una empresa a comercializar gas natural y no permitirle ejercer la actividad denegándoles posteriormente el acceso a las instalaciones.
