Asece iniciará la recogida de 500.000 firmas tras superar el trámite de la Cámara Alta
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece) para exigir una auditoría de los costes del sistema eléctrico ya ha superado el trámite preceptivo de la Mesa del Congreso y está siendo estudiada en la actualidad por el Senado.
En un comunicado de prensa, la asociación indica que, una vez regrese a la Cámara Baja y sea publicada en el Diario de Sesiones, pondrá en marcha la recogida de las 500.000 firmas necesarias para respaldar la iniciativa, ya convertida en Proposición de Ley.
El presidente de la asociación, Adrián Sánchez Molina, se ha mostrado optimista ante el reto de reunir estas firmas. "Estamos convencidos, seguros; de hecho, garantizamos que no sólo se conseguirán las 500.000 firmas, sino que se sobrepasarán en el plazo establecido", aseguró.
Asece ha lanzado esta iniciativa ante "la inacción de los representantes políticos" para atajar el creciente desequilibrio entre los costes e ingresos que "supuestamente" afecta al sistema. Este déficit de tarifa ha sido "generalmente aceptado a pesar de que no se ha demostrado ni cuantificado de forma objetiva".
La asociación considera que, sin una auditoría previa, no se puede dar carta de naturaleza al déficit de tarifa. "Quien crea que el déficit de tarifa existe sin tenerlo acreditado mediante una auditoría probablemente está confundido", afirmó Sánchez Molina.
"El sector eléctrico, con un déficit de tarifa tan cuestionable, no puede continuar con la opacidad existente en los costes reconocidos y en cómo se distribuyen los ingresos entre los agentes del sector", continuó.
El autor de la ILP apuntó a la relación entre las compañías eléctricas representadas "encabezadas por Unesa" y la Administración como "la verdadera causante de la opacidad del sistema y, consecuentemente, del supuestamente desorbitado déficit de tarifa".
"Los precios no son determinados únicamente por el mercado, sino que también dependen del poder económico y de la influencia que un número reducido de empresas puede ejercer sobre la Administración Pública y sobre los políticos que la integran convirtiéndolos en directivos de sus consejos de administración", denunció el presidente de Asece.
En esta línea, Sánchez Molina criticó la "falta de objetividad y transparencia por parte de la Administración a la hora de gestionar el sistema eléctrico" y lamentó el "mensaje distorsionado que desde las compañías eléctricas se lanza a los ciudadanos acerca del origen y la cuantía de dicho desequilibrio".
"Las eléctricas distorsionan la realidad, intentan persuadir a la sociedad de que su contabilidad se está viendo perjudicada y de que este hecho desequilibra el sistema y pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico", aseguró.
