MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular (PP) ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que se incluyen modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica, con el fin de asegurar el suministro de energía, así como en caso de riesgo de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de incumplimiento de objetivos medioambientales.
La formación 'popular' recuerda que la operación y cierre de una instalación de generación eléctrica no pueden ser "libérrimas", por lo que tanto el cierre temporal como el definitivo de una de estas centrales deben estar sometidos al régimen de autorización regulado en el artículo 53 de la Ley 24/2013.
Así, en esta proposición se modifica dicha norma, incluyendo un apartado en el que se refleja que la Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema.
El objetivo de esta modificación es garantizar el suministro de energía eléctrica ante los supuestos de riesgo cierto para la prestación del suministro de electricidad, así como de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de riesgo de incumplimiento de las metas medioambientales, especialmente en lo que se refiere al impacto en gases de efecto invernadero.
DICTÁMENES DE TRES ORGANISMOS.
Además, esta proposición de ley recoge que el cierre definitivo o temporal de instalaciones de producción de energía eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos requerirá de dictámenes emitidos en tres meses por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), de la Oficina de Cambio Climático y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Así, la CNMV emitirá un dictamen motivado estableciendo si el cierre previsto puede tener efecto desfavorable sobre los precios o la competencia del mercado eléctrico, mientras que la Oficina del Cambio Climático lo hará respecto al impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el caso del IDAE, el dictamen estará vinculado con si el cierre proyectado de la instalación puede suponer un impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos energéticos de energías renovables y de eficiencia energética.
El texto también recoge que, sin perjuicio de la posibilidad de denegar el cierre cuando exista riesgo para la seguridad del suministro, dichos órganos también podrán denegar la autorización en caso de detectar una incidencia desfavorable en su respectivo ámbito.
"En los casos en los que la denegación del cierre no obedezca al riesgo para la seguridad del suministro, se podrán establecer reglamentariamente las medidas necesaria para, en su caso, posibilitar la continuidad del funcionamiento de las central, entre las que se incluirá un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se transmita la titularidad de la instalación", añade la proposición.
CENTRALES NUCLEARES.
Además, en el caso de las centrales nucleares se define que tanto la comunicación del titular de la instalación al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de su intención de cesar la actividad como el vencimiento del plazo establecido sin que se presente solicitud de renovación de la licencia "tendrán la consideración de solicitud de autorización de cierre".
"Si se concluyera la pertinencia de denegar la autorización de cierre, la autorización de explotación continuará desplegando efectos durante el tiempo de su vigencia. En el caso de que hubiera vencido el plazo para solicitar la renovación de la autorización, mediante orden ministerial, se podrá establecer un nuevo plazo en el que, obligatoriamente, deberá presentarse solicitud de renovación", finaliza el texto.
