Actualizado 05/10/2018 15:28 CET

Ribera suspende el impuesto del 7% a la generación durante 6 meses y aprueba una exención del 'céntimo verde'

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
Marta Fernández Jara - Europa Press

Estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, dentro del paquete de medidas recogidas en el real decreto-ley aprobado para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ha decidido suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, durante seis meses, así como introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado 'céntimo verde'.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4% y supondrán "un alivio" para trabajar en medidas de más calado como la revisión del mercado eléctrico, la fiscalidad, "que es compleja y no está claro que sea la óptima", así como el almacenamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica señaló que el "mal llamado" 'céntimo verde', que está pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta, ya que es trasladado a los precios finales de la electricidad cuando tecnologías como el gas a través de los ciclos combinados fijan los precios en el mercado mayorista.

Según el gabinete dirigido por Ribera, la evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de este año, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto al ejercicio anterior, de no adoptarse medidas.

Así, para un hogar con un consumo de unos 2.600 kilovatios hora (kWh) anuales, la subida podría ser de 23,4 euros para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4 euros en todo el año.

Con estas medidas fiscales que se adoptan de forma temporal, el Gobierno prevé que se reducirá la factura del último cuatrimestre en una cuarta parte de la subida total: unos 6,2 euros para el hogar de 2.600 kWh y unos 8,5 euros para el hogar más intensivo, con consumos de 3.600 kWh.

ELEVA AL MÁXIMO LOS INGRESOS POR LAS SUBASTAS DE DERECHOS DE EMISIÓN.

Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico con la generación de déficit de tarifa, el Gobierno eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones al año.

Además, para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, se introduce la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en los ejercicios 2018 y 2019.

IMPULSAR LOS OBJETIVOS EN ENERGÍAS RENOVABLES.

Por otra parte, el Gobierno también ha adoptado medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables, fijados por la Unión Europea para 2020 en el 20%.

Así, el real decreto-ley incorpora medidas para eliminar, de forma inmediata, barreras normativas que obstaculizan esta transición energética. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, y por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre.

Mediante esta prórroga, hasta el 31 de marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos, ya que, en la actualidad, apenas se han instalado 100 MW.

Con esta medida, se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España, considera el gabinete dirigido por Ribera.

En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

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