La última modificación regulatoria hizo que los operadores dejaran de ganar 70 millones de euros, según Aoglp
MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sala tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (Aoglp) contra la orden ministerial de Industria de septiembre de 2009 en la que se modifica el sistema de cálculo automático del precio de venta de la bombona de butano.
El director general de la Aoglp, José Luis Blanco, explicó a Europa Press que su asociación presentó este recurso debido a la "indefensión legal absoluta" y el "hastío" que siente el sector ante una orden ministerial que "cambia de nuevo las reglas del juego" y es "muy lesiva" para los operadores.
En concreto, la asociación denuncia que el departamento dirigido por Miguel Sebastián haya introducido en la fórmula un nuevo término, con la letra griega lambda, que toma como referencia para la revisión los niveles históricamente bajos de abril y mayo de 2009.
El término de la fórmula amortigua las fuertes subidas en el precio de la bombona relacionadas con el encarecimiento de la materia prima en los mercados internacionales, al tiempo que traslada sin correcciones los abaratamientos que se produzcan.
"Esta última maldad, que supuestamente se introduce para estabilizar la fórmula, no hace sino condicionar el 60% del precio a niveles extraordinariamente bajos", explicó Blanco, que lamentó además que a su sector "no se le escucha" y se le ha aplicado "hasta catorce cambios" legales desde 1992.
Para el director general de la Aoglp, Industria ha forzado un caso de "dumping" al obligar a los operadores a "vender bajo coste" con el argumento de "ayudar al consumidor". La última revisión, en abril, consistió en una subida del 5,7% que, de aplicarse con la fórmula anterior, habría sido del 12%, señala Blanco.
SIN BENEFICIO PARA EL CONSUMIDOR.
Frente a la posición de Industria, Aoglp entiende que la contención de subidas aplicada por Industria no beneficia al consumidor, que apenas experimenta un ahorro mínimo, sino que lo perjudica en la medida en que "las empresas no pueden invertir ni crecer ni innovar ni llegar a todos los sitios".
Con la actual política de revisión "las empresas desaparecen y disminuye la competitividad", indicó. "Ahora hay siete compañías, pero en los próximos meses podría haber alguna menos", advirtió.
Blanco aseguró además que los problemas de las empresas del sector han provocado ya una queja de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), cuyos alcaldes se han dirigido a la asociación para denunciar que la calidad del servicio ha empeorado.
70 MILLONES.
Aoglp, que cuenta con un informe de Boston Consulting en el que se detallan los efectos de las últimas decisiones regulatorias sobre el sector, asegura que la orden ministerial recurrida ha hecho que el sector dejara de ganar 70 millones de euros en el cuarto trimestre de 2009.
Además, advierte de que las sucesivas modificaciones en su contra del marco legal desde 1992 pueden haber tenido un efecto negativo para el sector que ronda ya los 600 millones de euros. En todo caso, la demanda ante el Supremo pide que se anule la orden ministerial, pero no exige indemnizaciones.
Al margen de esta iniciativa, los operadores piden además una liberalización del sector y una "bombona social" para grupos de clientes más desfavorecidos, en vez de un precio regulado para todos los consumidores, como ocurre en la actualidad.
El precio liberalizado debería acercarse al de la media de los países del entorno comunitario, señala Blanco, quien recuerda que el precio de la bombona en Portugal ronda los 19 euros, frente a los 11,68 euros en España, y que en el país vecino ni siquiera hay un servicio de reparto a domicilio.
(EUROPA PRESS)
