Vox y Junts ponen en jaque en el Congreso la ley de derechos de emisión de gases

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox y Junts han registrado sendas enmiendas de totalidad a una proposición de ley de PSOE y Sumar sobre el régimen del comercio de derechos de emisión de efecto invernadero, una transposición de directiva europea que podría no salir adelante por la aritmética parlamentaria.

Como la proposición de ley ya superó una primera votación en el Pleno del Congreso y ya no cabe pedir su devolución, las formaciones de Santiago Abascal y Carles Puigdemont han registados sendos textos alternativos a la que han presentado los partidos del Gobierno y que el Congreso tendrá que votar por separado.

En lo que respecta a la enmienda de totalidad de Vox, a la que ha accedido Europa Press, la formación propone un artículo único para derogar la Ley de 2005 por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se deriven de ella o la complementen.

Junts, por su parte, ha puesto sobre la mesa una propuesta reformista más amplia con la que busca desarrollar un marco legal que garantice la transposición de la regulación europea desde el "respeto competencia de las diferentes normativas medioambientales autonómicas".

EL GOBIERNO TUVO QUE RETIRAR LA LEY

Esta misma proposición de ley fue impulsada en un primer momento como proyecto de ley por parte del Gobierno, pero el Ejecutivo decidió retirarla de la tramitación parlamentaria porque PP y Junts lograron introducir una enmienda en el texto para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

El Gobierno presentó en junio de 2024 su proyecto de ley para regular este mercado, que es una de las transposiciones de Directiva Europea que tiene pendiente España. Su idea era tramitarlo por el procedimiento de urgencia y la norma superó en octubre el debate de totalidad, pero un giro de guion inesperado ocurrió en la fase de ponencia, cuando los grupos empezaron a introducir enmiendas al articulado.

El Gobierno tiene la potestad constitucional de vetar enmiendas o medidas que supongan un impacto en los Presupuestos. Acogiéndose a ese poder, registró un veto a una enmienda que buscaba eliminar el impuesto eléctrico, pues según sus cálculos suponía una merma recaudatoria de 1.500 millones de euros.

UN DIPUTADO DEL PSOE SE AUSENTÓ Y YA NO HABÍA MAYORÍA

Ese veto tenía que ser aprobado por la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, que preside la exministra socialista Cristina Narbona, pero cuando se convocó la reunión para estudiar los vetos se produjo una ausencia, la del diputado del PSOE Juan Antonio Lorenzo, lo que produjo que los partidos del Gobierno perdieran su mayoría en la Mesa.

El PP aprovechó esa tesitura para rechazar el veto y que la enmienda siguiera adelante en la tramitación pese al rechazo del Gobierno. El PSOE multó al diputado con 1.200 euros por esa ausencia.

Con ese panorama, PSOE y Sumar dejaron sin fecha fijada la convocatoria de la comisión, que sería la siguiente fase del trámite parlamentario. Pero en vez de convocar la comisión, el Consejo de Ministros llegó a un acuerdo para retirar del Congreso la tramitación de la norma para después llevarla en forma de proposición de ley, que es la que ahora está en tramitación.

Optar por la fórmula de la proposición de ley agiliza los trámites parlamentarios, pues así el Gobierno no tiene que aprobar un anteproyecto y acudir a órganos consultivos que exigiría impulsar otra vez la norma desde el Consejo de Ministros.

Eso sí, la proposición de ley ya no incluía la suspensión del impuesto eléctrico que la oposición 'coló' al Gobierno. Si la oposición vuelve a intentar la suspensión del impuesto, desde el Ejecutivo confían en que esta vez prospere el veto de Hacienda.