MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Banco de España cree que la solvencia de las entidades de crédito se puede ver afectada por el proceso de transición ecológica por la materialización de riesgos físicos, provocados por los efectos directos del cambio climático, como sequías o inundaciones, y por los llamados riesgos de transición, el efecto sobre los acreditados bancarios de las medidas encaminadas a transformar de modo sostenible la economía.
Así lo ha señalado la subgobernadora del organismo supervisor, Margarita Delgado, durante la apertura de la jornada 'El papel de los inversores en el modelo de transición energética', organizada por Expansión, en la que ha subrayado que el Banco de España tiene la obligación de monitorizar estos riesgos, así como articular medidas para fomentar que los bancos evalúen, valoren y mitiguen dichos riesgos.
Delgado ha citado como medidas la recogida de información detallada sobre aspectos como la localización física de los activos o las estrategias de eficiencia de las empresas que reciban financiación, y la implementación de pruebas de resistencia en torno a distintos escenarios de transición ecológica.
Asimismo, se ha referido al desarrollo de modelos macroeconómicos que permitan evaluar el potencial efecto de determinados escenarios de transición en la economía, y el desarrollo por parte de las entidades de modelos de riesgo que contemplen el cambio climático.
Según Delgado, las medidas para afrontar el proceso de transición ecológica se encuentran en una "fase inicial, un tanto incipiente", en la que tanto el supervisor como los supervisados están elevando el nivel de conocimiento y concienciación sobre este tema.
"Si bien ha habido avances significativos, debemos admitir que estamos aún construyendo las metodologías y estructuras de gobernanza necesarias para enfrentarnos a este desafío", ha reconocido.
MEDIDAS CUALITATIVAS
En este sentido, ha explicado que entre los temas que se están discutiendo actualmente en el Network for Greening the Financial System (NGFS) destaca la denominada Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA), que se refiere a los métodos y prácticas utilizados para cuantificar el impacto medioambiental en el sector financiero.
Ha hecho hincapié en la gobernanza, al ser "esencial" que los supervisores entablen un diálogo con las entidades para analizar cómo están tratando los riesgos medioambientales.
En concreto, ha apuntado que hay que verificar que las entidades están incorporando el riesgo medioambiental en sus áreas de responsabilidad, estrategias y análisis y seguimiento de riesgos, y que la información que se genera internamente llega hasta el propio Consejo de la entidad.
Así, cree que deben ser capaces de evaluar cómo puede afectar a su modelo de negocio así como de integrarlo dentro de su marco de apetito al riesgo, para lo que se espera que empleen análisis de estrés y escenarios hipotéticos. También ve importante que el análisis de este riesgo se realice contemplando un horizonte de medio y largo plazo, superior al que habitualmente se emplea en la medición de riesgos financieros.
MEDIDAS CUANTITATIVAS
De su lado, considera que la evaluación cuantitativa del riesgo medioambiental se debe llevar a cabo en los propios modelos de riesgo de las entidades, aunque ha matizado que las entidades han estado históricamente sometidas a este tipo de riesgo de transición.
El análisis de los potenciales cambios en el entorno, con objeto de evaluar la posibilidad del fracaso empresarial, es, a su juicio, una parte esencial de la evaluación y gestión de riesgos en el sistema financiero, con independencia de que dicho cambio en el entorno tenga un origen tecnológico, de comportamiento del cliente, regulatorio o medioambiental.
Si las entidades identifican y cuantifican adecuadamente en precio y necesidades de capital estos riesgos, mejorarían la sensibilidad al riesgo, contribuyendo a garantizar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, según Delgado.
Además, cree que indirectamente se convertirían en "motor del cambio", al favorecer que llegue financiación a aquellas actividades que contribuyen más a la transformación sostenible de la economía, a la vez que desincentivan aquellas actividades que puedan ser más lesivas, al repercutir en el precio de la financiación los costes medioambientales, que hasta ahora permanecían ocultos.
La subgobernadora del Banco de España ha abogado por que los supervisores avancen en el desarrollo de modelos que contemplen los efectos macroeconómicos ante distintos escenarios de transición ecológica, con objeto de conocer los potenciales impactos del cambio climático en determinados sectores económicos, industrias o incluso empresas, así como en variables de carácter más agregado, como el crecimiento o la inflación.
