MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se modifican diversas leyes para la digitalización y modernización del sector financiero y ha acordado su remisión a las Cortes Generales.
La norma adapta la legislación española al marco europeo y actualiza áreas claves del sistema financiero para aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización "sin renunciar a la protección de los usuarios ni a la estabilidad financiera", según ha señalado la ministra Portavoz, Elma Sáiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
También aborda la duplicación de la normativa europea sobre criptoactivos, refuerza la ciberseguridad y la operativa del sistema de pagos (DORA) y abre los pagos a nuevos operadores, además de modernizar las infraestructuras críticas, como el Iberpay.
En concreto, DORA establece un régimen de infracciones y sanciones para los incumplimientos y refuerza la supervisión del Banco de España sobre determinados operadores de los sistemas de pagos (operadores, procesadores y esquemas de pago electrónicos), incluyendo la selección y relación de estos con sus proveedores tecnológicos.
Además, el Banco de España representará al país en el Foro de Supervisión europeo, donde los supervisores elaborarán posiciones conjuntas.
Respecto a la aplicación del reglamento europeo de criptoactivos (MiCA) y el reglamento de transferencias de fondos, los proveedores de servicios de criptoactivos pasan a ser sujetos obligados de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, como cualquier otra entidad financiera.
Será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien asuma el registro de entidades autorizadas y también la supervisión de la publicidad de criptoactivos. Así, el supervisor bursátil podrá exigir que se modifique, suspenda o se prohíba la publicidad de criptoactivos con el objetivo de reforzar la protección del inversor y la integridad del sistema financiero.
COMPETENCIA EN MEDIOS DE PAGO
En cuanto al ámbito de pagos, la ley introduce medidas para fomentar la competencia, tales como que las entidades de pago y de dinero electrónico puedan acceder directamente a los sistemas de pago, sin necesidad de hacerlo a través de un banco, en línea con las modificaciones incorporadas a través del reglamento europeo de pagos inmediatos.
Al mismo tiempo, incorpora elementos de soberanía estratégica: las adquisiciones que supongan el control de Iberpay -infraestructura crítica del sistema de pagos español- requerirán una autorización administrativa previa, que podrá denegarse cuando existan riesgos para su adecuada gestión.
Además, esta norma nombra al Banco de España autoridad competente para supervisar el cumplimiento de la normativa europea de pagos (SEPA) por parte de las administraciones públicas.
MERCADOS DE CAPITALES Y 'SANDBOX' FINANCIERO RENOVADO
La ley aprobada transpone la directiva que conecta a España con el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP), el repositorio que reunirá en un formato común y estandarizado la información financiera y no financiera que las empresas divulgan públicamente.
El ESAP estará gestionado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), estará operativo a partir de 2027 y facilitará el acceso de los inversores a esa información, impulsando la transparencia y la liquidez de los mercados de capitales.
Dentro de la norma se incluye la modernización del 'sandbox financiero'. Entre otras medidas, las empresas podrán presentar sus proyectos en cualquier momento del año, se reducen las cargas y los costes de participación --con declaraciones responsables, un canal directo con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, SEPBLAC, y la exigencia de garantías financieras sólo en los casos estrictamente necesarios cuando haya clientes reales con dinero real en las pruebas--.
También se habilitan cohortes temáticas para dar mayor visibilidad a la herramienta.