MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha avisado este lunes de que el decreto ley de reestructuración bancaria aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes apunta a que hay algunos activos sanos que se están deteriorando y podrían acabar convirtiéndose en activos tóxicos, y de que las medidas incluidas en la norma provocarán el cierre del crédito para pymes y autónomos.
En rueda de prensa en el Congreso, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha valorado en esos términos el decreto ley, apuntando que la decisión del Gobierno de provisionar los activos no tóxicos con 120.000 millones "da una pista de que se prevé que habrá también activos tóxicos entre los que hasta ahora se consideraban sanos".
Además, ha subrayado que los 28.000 millones de euros previstos "sobre beneficios" perjudicarán al flujo de crédito para pymes y autónomos por parte de las entidades financieras.
BONOS CONVERTIBLES
Tampoco convencen a IU los bonos convertibles anunciados por el Gobierno. "Tenemos una duda razonable de que las entidades de ahorro vayan a pagar el 10% de estos cocos. Si no se pagan, se convertirán en acciones del Estado dentro de las propias entidades y, desde nuestro punto de vista, esto es sencillamente una aportación de capital encubierta a las entidades de ahorro", ha explicado el diputado.
Con respecto a las empresas inmobiliarias que el Ejecutivo podría exigir a bancos y cajas para sanear sus activos tóxicos, Lara considera que son "bancos malos", los mismos que el presidente, Mariano Rajoy, se comprometió a no promover durante el debate de investidura. "Se le podrá poner el nombre que se quiera pero estamos hablando de bancos malos, como es BFA (de Bankia), donde están pasando los activos tóxicos, lo que tiene muy poco valor, para incorporar recursos del conjunto de los ciudadanos", ha reprochado.
NACIONALIZACIÓN TOTAL DE BANKIA
Por ello, ha vuelto a reclamar que "cualquier participación del Estado en el sector financiero" vaya acompañada de "participaciones políticas concretas". En el caso de las cajas de ahorros, la intervención pública debería, a juicio de IU, derivar en "la creación de una banca pública".
"Si el estado pone recursos de todos los ciudadanos en las entidades de ahorro, especialmente en activos tóxicos, tiene que hacerlo nacionalizando las entidades para convertirlas en esa necesaria banca pública. Ya está bien de socializar las pérdidas que algunos provocaron y es hora de socializar los futuros beneficios que se puedan obtener con la gestión de estas entidades", ha reclamado.
En este punto, se ha referido explícitamente al caso de Bankia, asegurando que "al Estado le sobran recursos para hablar de la nacionalización total" de la entidad, y añadiendo que si no lo hace no es por "dificultades económicas" sino por "voluntad política".
Lara ha eludido valorar los vaticinios del Premio Nobel de Economía Paul Krugman de que España acabará implantando un 'corralito', señalando que la coalición aún no ha tenido tiempo de analizar estas previsiones con su equipo económico. "Y desde luego no vamos a ser desde IU los que creemos alarma. Eso está pendiente de discutir a fondo, pero es cierto que el Gobierno, o gira sus políticas o no caminamos en la buena dirección", ha zanjado.
PODRÍA HABER MÁS REFORMAS
Por todos estos motivos, el líder de IU considera que es perfectamente posible que tras esta segunda reestructuración "puedan venir una tercera o una cuarta", especialmente porque el presidente Mariano Rajoy "ha perdido toda la credibilidad" al decir que "no tiene ningún problema en hacer lo contrario de lo que había dicho". "Ningún político, y menos un presidente, puede decir que hará lo contrario de lo que les dijo a los ciudadanos porque considere que es lo que tiene que hacer. Eso no es serio", ha criticado.
En la misma línea, el diputado de ICV Joan Coscubiela también ha indicado que, aunque es "complicado adivinar el futuro", la posibilidad de nuevas reformas del sector financiero no es descartable, especialmente a la luz de las tres consecuencias que, a su juicio, tendrá el decreto ley del viernes.
"Restringirá el acceso al crédito de familias y empresas por la exigencia de más provisiones, exigirá más aportaciones del Estado por la vía de créditos al 10% que cuando no se cubran habrá que tapar, y trasladará la toxicidad desde los bancos a estos nuevos instrumentos inmobiliarios", ha pronosticado.
Y es que, a su juicio, lo único que conseguirá el Gobierno con la reforma será "mover la toxicidad o la porquería financiera de debajo de una alfombra a debajo de otra, posponiendo las consecuencias y poniendo en riesgo que, al final quien termine haciéndose cargo de esos pufos, sean los recursos públicos". "Ése es el drama de la concepción del Gobierno", ha zanjado.
De hecho, ha alertado que la obligación que tendrán las entidades bancarias de deshacerse de sus activos tóxicos a un ritmo de al menos el 5% anual "quiere decir que el saneamiento podría posponerse de aquí a 20 años". "Es una barbaridad, no es una solución. Por mucho que lo quieran esconder debajo de otra alfombra, seguirán siendo productos tóxicos con la gravedad de que, de aquí a unos cuantos años, estaremos pagando aún eso probablemente", ha concluido Coscubiela.