Cedrún cree que las "injerencias" por parte del gobierno regional "no están justificadas legalmente"
MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El responsable de Política Institucional de Comisiones Obreras, Jaime Cedrún, afirmó hoy que la "chapuza" llevada a cabo por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en Caja Madrid crea "lagunas de una legalidad dudosa" respecto a su intervención para abortar el proceso electoral en curso.
"La chapuza del Gobierno regional genera lagunas, de una legalidad dudosa, que hacen verdaderamente difícil que puedan hacer esa intervención", opinó Cedrún, al tiempo que lamentó que quien está pagando esta estrategia es la propia institución bancaria y su prestigio.
En declaraciones a Europa Press, Cedrún previó que el conflicto abierto en el seno de la institución "llevará a una batalla judicial", aunque no será el Consejo de Administración quien tome la iniciativa, puesto que hasta ahora no es quien está llevando a cabo las "actuaciones". A su juicio, este órgano, que ayer reclamó al presidente de la Comisión Control, Pablo Abejas, la convocatoria de una reunión de dicha comisión, "está actuando de una manera correcta".
Según CCOO, las "injerencias" por parte del gobierno regional "no justificadas legalmente" buscan atentar contra lo decidido por la Asamblea de Caja Madrid respecto al lanzamiento del proceso electoral y la previsible reelección del presidente, Miguel Blesa.
En este sentido, opinó que lo que debe hacer Pablo Abejas es cubrir "todos los trámites, que corresponden al proceso electoral", pero se está produciendo una "situación atípica, tal vez por una laguna, que hace posible esta situación", en la que el Consejo le pide que convoque la comisión de Control y éste se niega a hacerlo para no dar lugar a ser destituido.
"Si la mayoría del Consejo pide al presidente de un órgano que se convoque ese órgano, y no lo hace, es un comportamiento antidemocrático y poco presentable", opinó Cedrún, pero "más grave aún es que el consejero de Economía ampare esa actuación".
Comisiones Obreras reclamó por todo ello "seriedad" al Gobierno regional. "Todo lo que está ocurriendo nos parece muy poco edificante y negativo para la caja, pues lo que estamos trasladando a la opinión pública y a los impositores es una situación de crisis, lo cual es malo para la caja", señaló Cedrún.
Así, criticó que la Comunidad, "con cierta nocturnidad y de manera urgente", haya sacado adelante en la Ley de Acompañamiento una modificación de la ley de cajas, e incluso, posteriormente, haya "incorporado enmiendas que endurecían y empeoraban el proceso", en acto un acto que tachó de "subversión". "Un proceso que se ha hecho para que las organizaciones representadas en Caja Madrid no puedan participar. Por eso ha sido rápido y sin participación de la sociedad", lamentó.
En este sentido, Cedrún consideró que, efectivamente, el Gobierno regional tiene "legitimidad democrática" para querer cambiar la Ley de Cajas, pero debe plantearlo "con tiempo suficiente para que participe el CES y la propuesta sea debatida por todas las organizaciones políticas y sociales implicadas". "Lógicamente lo que se pretendía es una intervención desde el poder político en el proceso electoral de Caja Madrid", denunció el responsable sindical, que mostró su "total de desacuerdo y rechazo a esta forma de intervenir".
De cara al futuro, Cedrún prevé que "pese a las malas maneras del Gobierno regional", dado que el Parlamento regional ha modificado la ley, "la Caja deberá modificar sus estatutos" en los próximos meses para futuras procesos de renovación de cargos, pero no para el actual.
"El proceso electoral está ahora en marcha de acuerdo a los estatutos ahora vigentes. Si el Gobierno quiere proponer otro sistema, que lo proponga, que convoque a las organizaciones afectadas y diga qué es lo que quiere", manifestó. "No creemos que se deba desestabilizar la caja", advirtió el responsable sindical, quien reclamó al Ejecutivo de Esperanza Aguirre que "deje que las cosas sigan su curso".
En este sentido, opinó que las declaraciones del consejero de Economía, Antonio Beteta, en las que ayer advirtió que reclamaría "responsabilidades institucionales y personales" por los últimos movimientos dentro de la caja, "forman parte de las barbaridades" del responsable autonómico. "Lejos de tranquilizar, que es su responsabilidad, se dedica a provocar. Es una provocación más del consejero", lamentó.
El conflicto llegará además previsiblemente en el plazo de un mes a la Asamblea de Caja Madrid, que tendrá que reunirse para modificar los estatutos que ha incorporado la nueva ley.
