Reclama un cambio en la ley de cajas para reducir el peso político en los órganos de gobierno
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de consejeros y administradores (IC-A) consideró hoy "prioritario" fortalecer los derechos de los accionistas sobre la política retributiva de los consejeros para asegurar la sostenibilidad de las empresas.
"Los hechos acaecidos en los últimos meses ponen de manifiesto las consecuencias del mal gobierno empresarial y el coste que van a tener tanto para los ciudadanos como para los diferentes países", sostiene IC-A en un documento sobre las reformas prioritarias que hay que acometer en materia de gobierno corporativo.
El IC-A se muestra a favor de que se establezca un "justo equilibrio" entre los derechos y responsabilidades de los administradores de las sociedades, sin olvidar el aumento de éstas últimas de acuerdo a las mayores exigencias de buen gobierno de las empresas.
El instituto insiste en que al mal funcionamiento de los consejos de administración, que se refleja en la mala evaluación de riesgos, se suman otras carencias como la complacencia del accionariado, la inadecuada información de auditoría y de las agencias de 'rating', estima.
Asimismo, ve necesario que se realicen las reformas legislativas necesarias para reducir la presencia de las Administraciones Públicas en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, "con el fin de aumentar su independencia".
Es prioritario "dotar a las cajas de ahorros de buen gobierno específico para ellas que potencie su independencia respecto de los poderes políticos, regule el buen uso de los recursos disponibles y gobierne su actuación fuera de su entorno natural", considera.
MAS INDEPENDENCIA DE LA CNMV.
En esta linea, el IC-A también apuesta por reforzar la independencia de los organismos reguladores y supervisores, como la CNMV, "respecto a la administración de turno", así como que se incorporen al órgano de gobierno de éstas instituciones profesionales externos del sector privado, como sucede en otros países.
"Esta propuesta sería extensible a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)", concreta el instituto.
Además, ve necesario que el organismo que suceda al que ahora preside Julio Segura "refuerce su independencia" y cuente con los medios y potestades necesarios para llevar a cabo su misión, y centrarse en los problemas existentes.
Mayor transparencia, mayor control de riesgos y regulación de los productos financieros sofisticados y las instituciones financieras implicadas en su generación y distribución, son otras de las reivindicaciones del IC-A.
Por otro lado, el instituto de consejeros y administradores incide en que hasta que no se modifiquen las leyes vigentes sobre la materia, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una actividad "puramente voluntaria" y que el importe y fin último de dichas actividades debe ser aprobado en el consejo de administración y ratificado por la junta general de accionistas.
