MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
Menos del 5% de las empresas aplica la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tras dos años de su entrada en vigor, según un informe sobre la aplicación práctica de esta ley elaborado por Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas (EAE).
Además, y según el mismo informe, las administraciones públicas tampoco cumplen el plazo de 60 días que marca la ley para pagar a sus proveedores, además de que ningún Servicio Autonómico de Salud del Estado cumple con este plazo de pago.
Una de las principales conclusiones del estudio se centra en que las empresas acreedoras "no están utilizando los derechos" que les otorga la nueva legislación, principalmente por el "desconocimiento" entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), y "por miedo a perjudicar sus estrategias comerciales".
España sigue ocupando uno de los primeros lugares en la clasificación europea de demoras en los cobros en sectores básicos como la alimentación y la construcción, con plazos medios de 100 y 200 días, respectivamente.
"GRAN OCASION PERDIDA".
El estudio apunta a que España ha perdido una "gran ocasión para mejorar la competitividad de las empresas españolas, así como para crear un marco legal que proteja de forma efectiva el poder negociador de las pymes.
Además, Brachfield asegura que la ley española no es sino una "versión descafeinada con leche desnatada y sacarina" de lo que pretendía la Directiva Europea. La propia Comisión Europea reconoció en junio de 2006 que la ley española destinada a luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales "no se ajustaba al espíritu" y letra de la directiva.
PETICIÓN DE UN SERVICIO DE DEFENSA DEL PROVEEDOR.
El informe recoge también un total de diez propuestas, entre las que se expone la necesidad de desarrollar un reglamento que determine cuándo serán consideradas abusivas o excesivas las cláusulas en los plazos de pago, o la creación de un organismo oficial que tutele la aplicación de la ley, o un Servicio de Defensa del Proveedor.
En cualquier caso, Brachfield afirmó que está ley "contribuye a mejorar el marco normativo de las relaciones comerciales y la posición del acreedor, pero no constituye una panacea contra la morosidad".
