Exige que la CNMV investigue individualmente los casos de preferentes y que la Fiscalía depure responsabilidades
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que negocie con sindicatos y entidades financieras un plan de reconversión del sector para paliar los efectos que la reestructuración tendrá en forma de despidos, además de exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que investigue individualmente los casos de afectados por participaciones preferentes para determinar cuáles habrían sido víctimas de una estafa en su comercialización.
El portavoz económico del PSOE en la Cámara Baja, Valeriano Gómez, ha explicado en rueda de prensa su iniciativa acompañado por la portavoz de Empleo, Concha Gutiérrez, y el responsable del tema de participaciones preferentes, Antonio Hurtado.
Así, Gómez ha indicado que el espíritu de la iniciativa es "abordar los dos grandes problemas" que conllevarán los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea (CE) para las cuatro entidades nacionalizadas, y que conllevará una gran reducción de plantilla por el cierre de oficinas y pérdidas para los pequeños ahorradores que suscribieron participaciones preferentes y deuda subordinada, que tendrán que aceptar quitas y canjes con reducción de la inversión nominal.
"Necesitamos una acción coordinada y dialogada entre las entidades financieras, los sindicatos y las autoridades monetarias para evitar tener un nuevo contingente de parados con dificultades de reinserción social; y también hay que restaurar los derechos de los afectados por las preferentes porque, si como parece por las pruebas la comercialización entre ahorradores fue irregular en muchísimas ocasiones, el Gobierno no puede escudarse en Bruselas para no encontrar soluciones", ha dicho Valeriano Gómez.
FONDO PARA LA RECONVERSIÓN
En lo que respecta al tema laboral, Concha Gutiérrez ha precisado que su iniciativa propone "desarrollar una estrategia de actuación mediante un pacto con los representantes de los trabajadores con el fin de asegurar el mantenimiento del mayor número posible de puestos de trabajo".
Así, los socialistas sugieren pactar una "estrategia laboral" con los agentes sociales en la que se fijen tanto las plantillas operativas para garantizar la viabilidad y solvencia de las entidades y el calendario de aplicación de las medidas.
Para los casos de fusiones, segregaciones, asociaciones o adquisiciones de entidades, así como cuando se produzcan transferencias de personal entre distintos bancos, Gutiérrez ha pedido que "se explique con transparencia" cómo quedarán los trabajadores y que se pacte con los sindicatos sus condiciones de trabajo.
Finalmente, el PSOE pide crear un fondo que, en un plazo de cinco años, permita "promover la recolocación, formación y readaptación profesional de los trabajadores". "España ya tiene una amplia experiencia en procesos de reconversión en diferentes sectores y en minimizar los costes traumáticos en forma de despidos", ha recordado Gómez a este respecto.
Esta parte de la propuesta se completa con la petición de que se cree una Comisión de Seguimiento que "vele por el cumplimiento" de los acuerdos y que, trimestralmente, dé cuenta al Congreso de todo el proceso.
PROTEGER A LOS AFECTADOS POR PREFERENTES
Por otra parte, la iniciativa hace referencia al problema de los afectados por preferentes, que según los planes de reestructuración y el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario no tendrán derecho al cobro de cupones y sufrirán quitas de entre el 40 y el 50% del valor nominal de su inversión.
Además, según los socialistas la obligatoriedad de canjear sus títulos de preferentes por acciones de las entidades supondrá que "la aportación de los accionistas al saneamiento de las entidades acabe siendo inferior" al de estos ahorradores.
"Nosotros no estamos en contra de reducir las aportaciones de los contribuyentes al saneamiento de las entidades financieras, pero tanto el MoU como los planes de reestructuración hablan específicamente de que los inversores asuman parte de la carga. Y, ¿quiénes son inversores? Los accionistas, claro, y los inversores institucionales. Pero hay una parte que son ahorradores y hay que salvarlos. Esto no es incumplir el MoU; es ser rigurosos con su aplicación porque a todos, incluido el ministro de Economía, Luis de Guindos, nos consta que nunca tenían que haber sido titulares de esos productos", ha justificado el diputado.
A renglón seguido, ha acusado a De Guindos de "demostrar de forma reiterada una enorme cobardía al esconderse detrás de Bruselas" para no solucionar este problema, y ha expresado la negativa rotunda del PSOE a "finiquitar, pasar página, pero no con una solución justa que reconozca que esto es una estafa y no compense los perjuicios económicos o aclare las responsabilidades".
CANJES POR EL VALOR NOMINAL
Por eso, la propuesta presentada por los socialistas recoge unas medidas que ya vienen planteando desde hace meses: dotar de recursos a la CNMV para que haga una auditoría de oficio para determinar qué inversores fueron engañados y poder "salvarles" del canje y de las quitas.
"Si se dieron 31 millones para que Oliver Wyman evaluara las necesidades de las entidades financieras, con contratar a 200 o 300 personas sería posible revisar en dos o tres meses todos los expedientes, no hace falta aumentar la plantilla de la CNMV de forma estructural", afirman los socialistas.
En esos casos, se reclama un "canje específico" para que los afectados por una comercialización irregular puedan recuperar la liquidez del cien por ciento de sus ahorros o convertirlos en un depósito a un plazo no superior a tres años, "siempre por el valor nominal de la inversión".
Según los cálculos del PSOE, unos 150.000 pequeños ahorradores tienen aún 11.700 millones en este tipo de títulos --la mitad de la deuda viva en preferentes y deuda subordinada--, y actualmente sólo tienen la opción de acudir a la vía judicial, que es "muy lenta".
Sin embargo, "si todos, los 150.000, hubieran sido engañados, devolver esa cantidad supondría apenas un 3% de las cantidades que en forma de ayudas y avales se han dado al sector bancario", ha precisado Valeriano Gómez.
"Es una solución necesaria y justa, que permitiría además depurar responsabilidades", ha dicho Hurtado, subrayando que la proposición incluye también la petición de que el fiscal general del Estado actúe para determinar responsabilidades en este "posible fraude".
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