MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las nuevas fundaciones bancarias que surgirán como consecuencia de la reestructuración bancaria y de la nueva Ley de Cajas no estarán obligadas a dotar un fondo de reserva, como se preveía inicialmente, siempre y cuando pacten con el Banco de España un plan de desinversiones que les permita reducir su participación en la entidad de crédito hasta por debajo del 50% o de la posición de control.
Así lo han acordado PP, CiU y PNV a través de una enmienda transaccional al proyecto de ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias que este miércoles ha recibido la luz verde de la Comisión de Economía del Congreso y que será remitido al Senado para terminar su tramitación.
De este modo, aunque se mantiene la obligación general de que las fundaciones que tengan una participación igual o superior al 50% de una entidad de crédito, o la suficiente para poder controlarla, deberán crear un fondo de reserva.
Sin embargo, "no se requerirá la constitución del fondo siempre que se incorpore al plan de diversificación un programa de desinversión que incluya de manera detallada las medidas a implementar por la fundación para reducir su participación en la entidad de crédito" por debajo de ese nivel en un plazo máximo de cinco años.
Este plan, que tendrá "carácter reservado", será aprobado por el Banco de España que, en caso de detectar incumplimientos, podrá exigir en un plazo de 20 días modificaciones del plan financiero que incluyan, ahora sí, la constitución del fondo de reserva. Con respecto a este plan financiero al que están obligadas las nuevas fundaciones, se ha ampliado de dos a tres meses el plazo con el que contarán para presentarlas
BENEFICIOS FISCALES
Otro asunto sobre el que tanto CiU como el PNV había expresado su preocupación son las consecuencias fiscales que tendrán los procesos de desinversión de las fundaciones bancarias, dado que podrían conllevar una pérdida de participaciones suficiente como para romper el grupo fiscal consolidado.
Así, a través de una enmienda al artículo del proyecto de ley que prevé modificaciones en el Impuesto de Sociedades, se ha introducido, por una parte, que las previsiones fiscales se empiecen a aplicar ya en el periodo impositivo que comenzó el pasado 1 de enero.
Pero, además, se reduce al 30% el porcentaje necesario para la consolidación de un grupo, de tal modo que se evite la pérdida de los beneficios fiscales por la venta de parte de las participaciones, según han explicado fuentes parlamentarias al término de la Comisión.
Por otra parte, se intenta facilitar la transformación de las cajas en fundaciones bancarias permitiendo que los acuerdos que hacen falta para cumplir esta obligación legal se determinen a través de una mayoría simple de los consejeros generales, y se refuerzan las funciones otorgadas al Banco de España en materia de determinación de normas contables para las fundaciones.
Asimismo, se ha incluido un cambio para reconocer la competencia autonómica sobre el régimen de las fundaciones y, del mismo tenor, se obliga al Ministerio de Economía a recabar informe previo de las comunidades autónomas para ejercer las funciones de protectorado en las fundaciones cuyo ámbito de actuación principal exceda de una comunidad autónoma.
PERIODO TRANSITORIO
Los 'populares' también han pactado con el PNV permitir que las cajas de ahorros que deben transformarse en fundaciones puedan continuar funcionando como cajas durante el periodo de transición, mientras realizan las modificaciones necesarias para la transformación.
Esto supone que no deberán adaptar sus estatutos ni sus órganos de gobierno, y tampoco deberán renovarlos por vencimiento del mandato, que se entenderá prorrogado durante el plazo máximo de un año que se ha concedido para concluir la transformación. Finalmente, se han incluido algunas otras precisiones técnicas, como que el número de vocales de la comisión de control de la caja tenga entre tres y siete miembros, o que el patronato no tenga necesariamente miembros de todos los grupos interesados, sino únicamente de forma obligatoria alguna persona de reconocido prestigio en el ámbito financiero o en otro sector donde la fundación tenga inversiones relevantes.
Sin embargo, el PP no ha aceptado ninguna de las modificaciones que pedían los nacionalistas vascos y catalanes en relación con la incompatibilidad de los cargos de patrono de la fundación y consejero dominical de la entidad bancaria, aunque confían en que las negociaciones puedan dar fruto en el Senado. Tampoco se ha aceptado la reclamación de CiU de que los fundadores de las cajas estén en el protectorado para vigilar el cumplimiento de los principios de la obra social.
