MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP ha insistido este miércoles en que el Gobierno ya ha tomado medidas para atajar los desahucios a lo largo de esta legislatura, por lo que ha rechazado la posibilidad de cambiarlas obligando a las entidades que han recibido fondos públicos a renegociar o incluso aplicar quitas a familias con problemas de pago.
Así lo ha avanzado el 'popular' Pablo Matos en la Comisión de Economía del Congreso, durante el debate de una propuesta de Compromís-Equo en este sentido. "Hubiéramos entendido una propuesta para ampliar y flexibilizar los requisitos (del Código de Buenas Prácticas) para que entre un mayor número de familias, pero no esto", ha reconocido.
Además, ha recordado que el PP ha sido precisamente el partido que ha "bajado el sueldo de los banqueros" con el decreto ley de Saneamiento del Sector Financiero de 2012, y también que ha promovido la dación en pago y la renegociación y reducción de las deudas hipotecarias a través de la Ley Antidesahucios.
RESCATE CIUDADANO
Joan Baldoví, de Compromís-Equo, se pregunta "en qué beneficia a los ciudadanos que el Estado se haya gastado el dinero de las políticas sociales en pagar las deudas de la banca, si eso no repercute en ningún beneficio para las familias con dificultades para pagar su hipoteca o para los empresarios que no acceden al crédito".
"Nuestra propuesta pretende que sirva de algo haber prestado miles de millones a fondo perdido a la banca para pagar sus pérdidas. Pedimos proteger a la población local en detrimento de los intereses de los mercados financieros, rescatar a las personas", ha señalado.
Y, para ello, plantea que las entidades financieras que hayan recibido fondos públicos estén obligadas a renegociar las condiciones hipotecarias a las familias con dificultades de pago, reducirles la deuda si está "por encima de su capacidad de pago" y realizar nuevas tasaciones "pagadas" por los bancos.
Asimismo, exige que se eliminen las indemnizaciones por cese o jubilación de los miembros de los consejos de administración o directores generales de estas entidades, prohibir que las retribuciones de los consejeros o directores generales superen la brecha salarial de uno a tres veces el salario más bajo de la entidad, y obligar a los bancos rescatados a poner a la venta o en alquiler al menos el 70% de su cartera inmobiliaria y a destinar al menos el 30% de sus beneficios a obra social.
HACE FALTA TOMAR MÁS MEDIDAS
La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, lamenta que esta iniciativa sea "menos ambiciosa" que otras ya debatidas, o incluso de la que el PSOE tiene registrada y pendiente de votación, aunque en cualquier caso cree que "esta iniciativa es la constatación del fracaso de la alternativa social de vivienda" del Gobierno. "Compartimos el sentir de que las medidas adoptadas hasta ahora han fracasado", ha añadido, advirtiendo de que los llamamientos a la "ética" de la banca no son suficiente.
El portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha proclamado que "hay una forma diferente de gestionar el acceso a un derecho humano como la vivienda", como a su juicio demuestra la Junta de Andalucía, y ha defendido que "es necesario y urgente poner en marcha esta propuesta". "Son muchos meses, años diría incluso, de retraso", ha apostillado.
Por CiU, Lourdes Ciuró coincide en que "aún existe un problema" de "déficit de viviendas" para familias desahuciadas mientras hay "muchos pisos cerrados en los activos de los bancos". Por eso, cree que hay que "instar a las entidades financieras, sobre todo a las participadas con fondos públicos, a que pongan sus viviendas a disposición de los realojos de personas desahuciadas", aunque tampoco está de acuerdo con otros puntos de la iniciativa.
Álvaro Anchuelo, de UPyD, comparte parte de la propuesta, particularmente lo relativo a renegociar las hipotecas, pero ha reconocido que el resto de la iniciativa le "genera importantes discrepancias", por lo que optará por la abstención.
