MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha tomado cartas en la polémica desatada entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre el presente y futuro de Caja Madrid, con el objetivo de encontrar un consenso entre los populares que evite, para empezar, una nueva batalla campal en la asamblea general de la entidad que se celebrará el próximo 23 de marzo, así como para nombrar al futuro presidente de la caja de ahorros.
Según informaron fuentes populares a Europa Press, la negociación política ha entrado en una nueva fase con la intervención de Rajoy, que ha designado a Cristóbal Montoro para llevar a cabo las conversaciones con las diferentes partes.
El cambio de rumbo nace de una conversación telefónica mantenida antes de las elecciones del pasado 1 de marzo entre el propio Rajoy con Aguirre, por iniciativa de ésta, según personas cercanas a la jefa del Ejecutivo.
A raíz de la polémica creada en torno a Caja Madrid, el líder de los 'populares' abogó el pasado mes de enero por la "absoluta" despolitización de las cajas de ahorro a través de la modificación de la Ley de Cajas, mostrándose partidario de que estas entidades sean controladas directamente por el Banco de España. Pocos días después, la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, anunciaba que su partido someterá a debate en el Congreso de los Diputados una iniciativa en este sentido.
El nuevo escenario electoral, en el que Rajoy se ha visto fortalecido, le permite aspirar a tener "voz propia" en la entidad --a través de algún miembro designado en los órganos de control, la corporación Cibeles-- y no dejarlo todo en manos de la jefa del Ejecutivo autonómico y el alcalde, señalan las fuentes consultadas. Y es que el éxito de Galicia quiere ser capitalizado por los 'marianistas' para conseguir poner orden también en el seno de Caja Madrid.
UN ACUERDO SOBRE EL SUSTITUTO DE BLESA.
De la misma manera, el líder quiere favorecer un acuerdo sobre el nombre de la persona que sustituirá a Miguel Blesa después de 12 años en el cargo, cuyo mandato finaliza en principio en septiembre de este año. Sobre la mesa ya se barajan nombres como Estanislao Rodríguez Ponga y Luis de Guindos.
De este modo, las negociaciones se acelerarán los próximos días para llegar a un escenario de cierta "paz" entre las filas populares de cara a la Asamblea General, una cita a puerta cerrada pero en la que participan 320 vocales fácilmente dispuestos a contar los detalles de los debates a la prensa, como ocurriera el pasado 10 de noviembre, donde se votó la propuesta del Consejo de Administración para la renovación de las entidades representativas.
Entonces, a pesar de las instrucciones dadas por el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, a sus correligionarios, gran parte votó a favor del texto, pese a que según los aguirristas, la reforma suponía recortar de hecho el número de representantes cercanos al PP en la entidad y ponía en peligro la elección de futuros miembros en el consejo de Administración o en la comisión de control cercanos a este partido.
El día 23 de marzo será además especialmente delicado puesto que se someterán a votación los nuevos Estatutos reformados de acuerdo a la Ley de Cajas de Ahorros aprobada a finales del año pasado, a instancias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que tanta polémica han generado por recortar el peso del Ayuntamiento e incrementar el poder del Ejecutivo en la asignación de vocales.
"La clave es un acuerdo entre populares puesto que para lograr los dos tercios de los votos en la asamblea general, requeridos para aprobar los Estatutos, habría que sumar los 130 consejeros 'populares' y los 80 'socialistas', sólo esa conjunción sumaría 210 y saldrían adelante los estatutos sin más polvareda, pero para ello todo el mundo quiere meter a los suyos, como en todo reparto de poder", señalaron las mismas fuentes.
No obstante, si el acuerdo entre populares fracasara y la Asamblea General tumbara el texto promovido por Beteta, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, tiene capacidad de aprobar directamente los nuevos estatutos. En este escenario, inconcebible para los responsables de la caja hoy en día por ser único en la historia, el Gobierno regional está dispuesto a ir hasta el final en la aplicación de la Ley.
Sin embargo, la batalla podría trasladarse a los tribunales, tal y como avanzaron ayer varios consejeros cercanos a Blesa. Entre ellos, se encuentran los dos representantes de los trabajadores de la entidad COMFIA-CCOO, que estudian ya un recurso ante el Defensor del Pueblo para que éste lleve la Ley de Cajas de Aguirre ante el Tribunal Constitucional.
Antes de tomar la decisión, la próxima semana se reunirán con su propia organización, liderada por Javier López en Madrid, puesto que las maniobras judiciales podrían influir negativamente en las conservaciones que se están manteniendo para aplicar cierta "interpretación de la Ley" que diera acomodo a la organización en el futuro periodo de gobierno de la caja.
