El PSOE pide una Autoridad de Protección Financiera que vele por los derechos de los consumidores bancarios y evite abusos
MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Las sociedades que soliciten por primera vez la admisión a negociación en bolsa de valores deberán abonar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una tasa fija mínima de 25.000 euros, mientras que en el caso de valores participativos emitidos por otros estados miembros que quieran operar en mercados secundarios oficiales, la cuantía será de 4.000 euros.
Así consta en una de las nueve enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley por el que se regulan las tasas de la CNMV, a las que ha tenido acceso Europa Press.
Según los 'populares' la fórmula de una cuantía fija mínima para las entidades que salgan por primera vez a bolsa por admisión directa es mejor que la opción prevista en el proyecto de ley --aplicar un 0,01% a la base liquidable, con una tasa mínima de 4.000 euros y máxima de 70.000 euros-- porque permite "paliar el efecto" de baja recaudación que se produce en estos casos.
"De aplicar las tasas previstas para posteriores admisiones, basadas en el valor nominal al no haber oferta --que suelen ser muy bajos-- se estaría produciendo una disfunción entre el trabajo realizado y la tasa correspondiente", apunta.
Algo parecido sucede en el caso de la admisión a negociación en bolsa de valores participativos en mercados secundarios oficiales cuyo folleto de admisión ha sido aprobado por la autoridad competente de otro estado miembro. En estos casos, "el trabajo de la CNMV es menor que cuando por la misma se registra el folleto, pero al ser la primera admisión las comprobaciones han de ser mayores y más exhaustivas que para las admisiones posteriores".
DERIVADOS EXTRABURSÁTILES Y ENTIDADES DE CONTRAPARTIDA CENTRAL
Por otra parte, el PP ha registrado una extensa enmienda para incorporar al proyecto de ley las tasas por las nuevas competencias supervisoras que han asignado a la CNMV tanto el Reglamento europeo de derivados extrabursátiles, entidades de contrapartida central y registros de operaciones como otras normas comunitarias.
Unas competencias que afectan tanto al ámbito de la actividad de las entidades de contrapartida central residentes y de sus miembros, y de la operativa sobre transacciones con valores mobiliarios y contratos de derivados que hayan de compensarse o novarse en aquéllas, como en materia de supervisión de la actividad y de las técnicas de reducción de riesgos que deben aplicar las contrapartes financieras y no financieras que celebren contratos de derivados extrabursátiles que no estén sujetos a compensación en una entidad de contrapartida central.
Así, el PP plantea tanto desdoblar algunas tarifas para "separar convenientemente las que corresponden a la negociación en mercados secundarios de aquéllas a aplicar a la compensación de esa negociación en una entidad de contrapartida central"; como ajustar "ligeramente" otros precios para que "se ajusten al objetivo de cobertura de los costes de la supervisión" para la Comisión.
Asimismo, incluye las nuevas tasas correspondientes a la supervisión de los restantes contratos de derivados extrabursátiles que quedan fuera de la actividad de las entidades de contrapartida central, y aclara la regulación que da lugar a la obligación de entrega de información a la CNMV en relación con sus competencias de supervisión de la información regulada (financiera y otra, como de gobierno corporativo) de las entidades con valores admitidos a negociación, así como las restantes actividades de supervisión de información financiera remitida por otras entidades emisoras de valores, como los fondos de titulización y los fondos de activos bancarios.
AUTORIDAD DE PROTECCIÓN FINANCIERA DEL CONSUMIDOR
Por su parte, los socialistas instan al Gobierno en una enmienda a que en un máximo de doce meses presente un proyecto de ley para crear una Autoridad de Protección Financiera del Consumidor que, con autonomía e independencia, vele por la protección de los clientes de servicios financieros.
Asimismo, el PSOE cree que este nuevo ente debería asumir funciones en materia de "conducta de mercado, transparencia informativa, servicio de reclamaciones, defensor del cliente, atención al cliente, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera, resolución de conflictos" y otras similares que actualmente recaen en el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.
"Resulta necesario revisar los mecanismos de defensa y protección del consumidor y usuario de servicios financieros y, en particular, la estructura institucional de protección pública", opinan los socialistas, que precisan que en esta Autoridad deberían integrarse las autoridades nacionales y autonómicas de consumo y los supervisores financieros, y que debería poder actuar en nombre de los consumidores para "evitar posibles abusos y malas prácticas de las entidades de crédito".
IMPUESTO DE TRANSACCIONES FINANCIERAS
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por su parte, aprovecha este proyecto de ley para reclamar al Gobierno que, en el plazo de un mes, presente una propuesta legislativa de creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que debería gravar todas las compraventas de instrumentos financieros --títulos de renta fija, variable, instrumentos en divisas y derivados-- en el momento que se producen, y antes de la compensación y liquidación.
El grupo plantea que se graven las operaciones en las que al menos una de las partes esté establecida en España y en las que una entidad financiera establecida en territorio español sea parte de la operación, actúe por cuenta propia o por cuenta de terceros, o en nombre de una parte de la transacción. El tipo debería ser superior en todo caso al 0,1%, salvo en los derivados que debería estar en el 0,01%, y este impuesto se sustituirá por el que se cree a nivel europeo cuando eso ocurra.
Asimismo, la coalición propone en otra enmienda que en un mes como máximo se modifique la normativa de las Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) para fijar un porcentaje de participación máximo del 5% del capital para cada inversor, con el fin de "evitar el control de la sociedad por parte de un inversor principal con un conjunto de comparsas" para "eludir" obligaciones fiscales, así como que la Agencia Tributaria recupere el control sobre estos instrumentos de inversión en detrimento de la CNMV.
CASTIGO A LAS EMPRESAS DE ASESORAMIENTO
Finamente, tanto UPyD como CiU han presentado las mismas cuatro enmiendas, entre las que destaca una que reclama que no se tase a las empresas de asesoramiento financiero en función de su facturación o del número de clientes con los que trabajan, dado que eso perjudicará a las compañías de menor tamaño, lo que puede acabar conduciendo a que "no presten asesoramiento a los clientes minoristas de menor patrimonio".
Y es que el proyecto de ley establece una cuota fija mínima de 850 euros que, a 0,47 euros por cliente, obligaría a tener al menos 1.808 clientes para rentabilizar el coste total, a pesar de que en este mercado existen unos 4.000 actores y la media de actividad por empresa es de una treintena de clientes. Por eso, ambas formaciones
piden recuperar el gravamen actual aplicable al volumen de ingresos brutos totales, estableciendo un mínimo "acorde y escalado con el esfuerzo requerido a las empresas con facturación inferior a los 750.000 euros anuales".
Con respecto a los cambios en la tasa por supervisión e inspección de los requisitos de solvencia y actividad, que suponen la introducción de una cuota fija de 300 euros para determinadas empresas de servicios de inversión, creen que se debería excluir a las empresas de asesoramiento financiero, y rechazan el incremento del 55% en la cuota de inscripción de sociedades de asesoramiento financiero por "desproporcionado".
