MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) exigió hoy la dimisión, y en su defecto el cese, del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora del Instituto Nacional de Consumo (INC), Ángeles Heras, por su "actuación de desidia en materia de consumo tras dos años sin publicar ningún modelo normativo" en relación con la inversión en bienes tangibles.
El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, señaló hoy en un encuentro con los afectados por la presunta estafa filatélica, que ambos son los "responsables directos" de que no se haya desarrollado la Disposición Adicional 4ª de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), que establece el deber de información al cliente de los elementos importantes del contrato y la legislación, además de prever el desarrollo de las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.
También les responsabilizó de que tampoco se atendiera al Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, que indica que "el desarrollo de las demás instituciones de carácter no financiero queda pendiente del posible desarrollo que pudiera hacerse en el futuro por orden ministerial".
Pineda también señaló como "cómplices" por negligencia en esta crisis al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), porque "tenía la obligación de exigir al Gobierno el desarrollo de la ley", a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) "por no enviar un informe en su poder sobre el sector" a los órganos competentes" y a Adicae, "por su dudosa transparencia" a la hora de no difundir la información referente a la problemática de Afinsa con Hacienda. A su juicio, estas asociaciones "se llevaron subvenciones y no trabajaron en estos asuntos".
Respecto a la actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo, Pineda afirmó que debería haber tomado en su día una serie de medidas que habrían evitado esta situación, como facilitar la información exigible sobre los contratos, potenciar el desarrollo reglamentario (control de recursos propios, control de coeficientes máximos de inversión, aceptación de obligaciones y supervisión de dichas magnitudes) y constituir una unidad de análisis patrimonial de bienes tangibles de colección.
Pineda dijo que las empresas se comprometían a recomprar los sellos si no había nuevos clientes dispuestos a adquirirlos, y que por ello debería haberse regulado su crecimiento para que contaran con los suficientes recursos propios.
Por otro lado, subrayó que, al designar para la defensa gratuita de los afectados a asociaciones que pertenecen al CCU, intenta que estén representados "por sus abogados", ante la posibilidad de que recaiga sobre el Estado el peso de la ley.
Ante esta situación, Pineda señaló que Ausbanc defenderá a sus asociados afectados con el objetivo de que "recuperen las cantidades invertidas incluso con intereses", aunque apuntó que será "muy difícil lograr el 100%", porque el sector ha quedado "destrozado" y ya nadie quiere comprar sellos.
La asociación ha presentado una carta ante el Ministerio de Sanidad y Consumo solicitando una respuesta al problema y ha elaborado un escrito para que los afectados puedan comunicar a los bancos la devolución de los recibos. Además ha interpuesto querellas en el ejercicio de la acción popular y lleva a cabo las gestiones oportunas para personarse en el procedimiento del concurso de Afinsa y Fórum Filatélico. También ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo para que intervenga y entregará una carta al Ministerio pidiendo la dimisión de los responsables de Consumo.
