MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El socio responsable del sector financiero de KPMG Francisco Uría cree que resulta previsible un aumento de la litigiosidad por la comercialización en España de hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
Así lo ha puesto de manifiesto Uría después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya dictaminado que son los jueces españoles los que deben evaluar cada caso, pudiendo sustituir el IRPH por otro índice como el Euríbor para proteger a los consumidores "de las consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la anulación del contrato de préstamo".
No obstante, el socio de KPMG cree que es conveniente tener en cuenta que hasta el momento ya se han producido decisiones judiciales, incluso del Alto Tribunal, en las que los magistrados se han posicionado a favor de las entidades financieras en esta controversia.
"Es por esto que el resultado de las demandas no tiene por qué ser necesariamente negativo para ellos", ha asegurado, añadiendo incluso que la decisión del órgano judicial europeo es "probablemente la más favorable que hubiera cabido esperar".
Precisamente después de pronunciarse el TJUE, CaixaBank, el banco más afectado por la comercialización de este tipo de hipotecas con una exposición de unos 6.060 millones de euros, subía cerca de un 7% en Bolsa.
Por detrás se colocaba Bankia, que avanzaba un 4,5% y cuya exposición asciende a 1.300 millones de euros. Banco Sabadell (unos 751 millones de euros) experimentaba un alza del 3,8%, mientras que BBVA, con 2.800 millones de euros referenciados en IRPH, rebotaba un 3,6%. Banco Santander, el segundo más expuesto con 4.300 millones de euros, subía un 3,5%.
La sentencia, como ya se había anticipado, está básicamente alineada con las conclusiones que el abogado general del TJUE Maciej Szpunar emitió el pasado mes de septiembre. "No existe un reproche general de antijuridicidad ni respecto al uso del IRPH ni sobre las cláusulas de los contratos que lo contienen", ha precisado Uría.
De este modo, en la medida en que hubieran podido producirse situaciones de falta de transparencia en el proceso de contratación de las hipotecas, habrá de realizarse un análisis individual, caso a caso, por los órganos judiciales competentes en España.
