MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde, con los votos del PP, al proyecto de ley que permitirá publicar las sentencias contra defraudadores fiscales que no hayan satisfecho sus deudas con la Hacienda pública antes de que el fallo judicial sea firme.
Los 'populares', que han sumado el respaldo de Foro Asturias (FAC), no han logrado sin embargo convencer al resto de la oposición. Así, el PSOE y parte del Grupo Mixto (ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai) han votado en contra, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y los nacionalistas catalanes, vascos y canarios se han abstenido.
El diputado del PP Fernando López Amor ha defendido que esta norma "cierra la reforma fiscal" aplicada por el Gobierno a lo largo de la legislatura y completa la reforma de la Ley General Tributaria porque "no tendría ningún sentido publicar la lista de los grandes deudores y no la de los grandes defraudadores".
Además, ha señalado que se trata de una medida "preventiva y disuasoria" que "no vulnera derechos constitucionales" sino que "prima el interés general" por encima de algunos derechos individuales de carácter limitado. Igualmente, ha asegurado que se trata de una medida "proporcional al fin que persigue" ya que "no tiene carácter sancionador".
"El fraude es una auténtica lacra social y corresponde al Gobierno velar por la equidad y justicia social. Sólo así es posible garantizar la sostenibilidad de los gastos públicos y rebajar la factura a los contribuyentes. El objetivo es que todos los ciudadanos paguen lo que les corresponde y cuando les corresponde, y que los que se ríen y se aprovechan de los contribuyentes y desprecian las leyes sepan que sus actos serán públicamente conocidos y que tendrán que asumir además de la sanción el reproche social y profesional", ha zanjado.
"SE PUEDE COMPRAR EL SILENCIO DE HACIENDA"
La diputada socialista María José Vázquez ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "ocultó" tanto al Congreso como al Consejo Fiscal su decisión de permitir que quien pague su deuda a Hacienda "sólo unos minutos antes" de que la sentencia sea firme no aparezcan en el listado de defraudadores.
"Se puede comprar el silencio de Hacienda --ha llegado a decir--. Así que los grandes defraudadores y las grandes corporaciones ya saben que sólo tienen que crear una reserva en sus cuentas por si les descubren. El Gobierno cuida mucho del presente y el futuro de unos mientras embarga el futuro y recorta muchos derechos a otros".
Además, se ha preguntado "a quién oculta Montoro" y "por qué no quiere que se conozca a todos los defraudadores" ni tampoco a los beneficiarios de la 'amnistía fiscal', que no serán desvelados, y ha advertido a los 'populares' de que "hasta que no se conozcan esos nombres la sombra de la sospecha seguirá" sobre ellos.
TARDE Y MAL
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), considera que esta norma "llega muy tarde y sólo para salvar las promesas electorales" del PP y que es "manifiestamente mejorable", y defiende que se incluya también en el listado a los defraudadores de la Seguridad Social.
Además, rechaza que "quien tiene dinero y vergüenza puedan pagar a destiempo y librarse de ver su nombre publicado en el BOE" y reclama que todos los defraudadores figuren en el listado, independientemente de que paguen su multa antes de que la sentencia sea firme o no.
El portavoz económico de UPyD, Rafael Calduch, comparte la necesidad de una ley que permita que "la sociedad sepa quiénes le traicionan en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de forma egoísta, unilateral y para beneficiarse a costa de las necesidades de sus conciudadanos".
Sin embargo, lamenta que el PP no haya aceptado su propuesta de hacer constar también a los defraudadores que hayan satisfecho su multa, precisando que se han "redimido", para que "no queden exentos de sufrir esa sanción social" pero también por "seguridad mercantil", para que los ciudadanos sepan "con quién están contratando".
SIN NEGOCIACIÓN NI CONSENSO
Toni Picó (UDC) ha criticado que los 'populares' no hayan "negociado ni consensuado" el texto ni hayan aceptado ninguna enmienda de la oposición, que se ha presentado en el "tramo final de la legislatura", y ha defendido una vez más la posibilidad de que fuera un juez el que decida, en función de las circunstancias de cada persona, si se publica o no su sentencia.
Además, ha exigido garantías de la eliminación de esta información una vez se cumpla el plazo para cancelar los antecedentes penales.
Finalmente, el diputado del PNV Emilio Olabarria está "de acuerdo con el contenido sustancial" de la norma, que supone "un modesto avance en materia de disuasión" del fraude, aunque reconoce que "exonerar a quienes tienen capacidades económicas suficientes" es "cuanto menos discutible". "Pero en cualquier caso es muy poco razonable oponerse a esto", ha añadido, rechazando no obstante la aplicación retroactiva que se permite.
