MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU defenderá mañana en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados una proposición no de ley que insta al Gobierno a simplificar para las pequeñas y medianas empresas (pymes) las obligaciones fiscales incluidas dentro de la Ley contra el Fraude Fiscal.
En concreto, los nacionalistas quieren que se exima a las pymes de la obligación de preparar, de forma forzosa, la documentación que justifican sus operaciones vinculadas para remitirla a la administración tributaria, como exige la Ley para la prevención del fraude fiscal.
Además, la iniciativa de CiU contempla, en el desarrollo de la mencionada Ley, la exención de esta obligación para determinados sujetos pasivos como las pymes, dentro del marco de las recomendaciones de la Comisión Europea y siempre que las empresas no dispongan de filiales en otros países.
Los nacionalistas quieren también que esta disposición se adopte de acuerdo con el principio de minoración del coste de cumplimiento de las operaciones fiscales para las pymes, con el fin de evitar que "las obligaciones documentales que deban efectuar no den lugar a unos costes de cumplimiento desproporcionados".
Para el portavoz de Economía y Hacienda de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, la preparación de dicha documentación justificativa puede llegar a suponer unos "costes de cumplimiento y de gestión administrativa desproporcionados" para las microempresas y pymes y, por ello, cree que "no debe requerirse dicha documentación de forma generalizada sino limitarse a los casos específicos en los que la Administración tributaria lo requiera".
En este sentido, el diputado catalán señala que la nueva normativa está justificada en el caso de grandes empresas y de compañías que tengan filiales en el exterior, lo que no incluye a la mayoría de las pymes, que a su juicio, se tienen que enfrentar a "un elevado coste, sin comportar mejoras relevantes en el control de sus obligaciones fiscales".
Además, Sánchez Llibre puntualiza que la misma Ley establece que las obligaciones de documentación que se impone a las empresas deberán responder al principio de minoración del coste de cumplimiento.
Finalmente, recuerda que "tanto la Unión Europea, como el Gobierno, como los distintos grupos parlamentarios" se han pronunciado "mil veces sobre la necesidad de simplificar las exigencias administrativas de las pymes", y subraya que su proposición no de ley insta al Gobierno "a poner en práctica este principio".
