MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que la limitación de los pagos en efectivo a partir de 2.500 euros es una medida que se queda corta, porque la multa máxima del 25% del importe desembolsado implica que seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales.
En un comunicado, el colectivo explica que teme que la medida resulte "poco eficaz" para terminar con las bolsas de fraude que habitualmente utilizan billetes de 500 euros, el instrumento "idóneo" para saldar operaciones al margen del Fisco, como las tramas de facturas falsas o falseadas, el fraude carrusel en el IVA y el vaciamiento patrimonial de las grandes empresas con destino a cuentas opacas a paraísos fiscales.
Además, recuerda que generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes implica ahorrarse tanto el pago del Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30% del importe) como el IVA (del 4% al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe "muy superior" al del 25% que deberían afrontar como máximo en caso de ser 'pescados' por Hacienda.
Además, el Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de que existan sanciones intermedias inferiores (incluso a la cuarta parte del importe desembolsado en efectivo), lo que en algunos casos haría que saliera todavía más a cuenta defraudar que cumplir con la legalidad.
Por otro lado, los Técnicos consideran que esta medida no acabará con el fraude de forma automática porque la imposición de una multa, al no existir una cuota defraudada, impide la imputación por delito fiscal, según el cual el defraudador estaría obligado a afrontar -además de la sanción- los pagos derivados del IVA, el Impuesto de Sociedades o el IRPF en el caso de un autónomo.
Asimismo, Gestha señala que pese a que finalmente la limitación del pago afectará también a las ventas minoristas, el tope de 2.500 euros fijado por el Gobierno "se quedará corto" a la hora de reducir la tasa de economía sumergida, por lo que se debe ser más exigente contra el fraude y bajar el listón en el trámite parlamentario.
El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, explica que el límite anunciado es "muy similar" al que aplica Francia, aunque España duplica al país galo en materia de economía sumergida, mientras que por el contrario países con una tasa de fraude similar a la nuestra, como Italia, han optado por fijar el tope en los 1.000 euros.
