MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, recordó hoy en el Pleno del Senado que el Tribunal Supremo debe establecer si los ayuntamientos deben ser compensados por las bonificaciones fiscales que puedan introducirse en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El ministro contestó así a la pregunta del senador de Entesa Catalana de Progrés, Joseph María Esquerda Segués, sobre las medidas previstas por el Gobierno para compensar a los ayuntamientos afectados por la bonificación fiscal del 95% del IBI que se reconoce a las empresas concesionarias de autopistas.
En este sentido, Solbes apuntó que hay algunas sentencias parcial o totalmente a favor de los demandantes, y señaló que, en esos casos, el Estado ha recurrido en Casación "siempre que la cuantía de la reclamación fuera posible". "Ante esta situación, el Estado debe esperar para saber el resultado de los tribunales y actuar en consecuencia", precisó el ministro.
Solbes indicó que los ayuntamientos no sufren "ningún detrimento patrimonial, pues la cuota tributaria que perciben es la contribución territorial urbana que reflejaba ya el beneficio fiscal que anteriormente se había concedido". El ministro explicó que el 1 de enero se sustituyó la contribución territorial por el Impuesto de Bienes Inmuebles y "siempre se ha respetado la concesión de los recursos de acuerdo con los derechos y obligaciones que existían en esos momentos".
El ministro destacó que los Presupuestos Generales de 2001 obligaban al Gobierno a dotarse de un crédito suficiente, con la finalidad de compensar las bonificaciones y adoptar las normas necesarias para el establecimiento del procedimiento a seguir en todos los casos de compensación a favor de los municipios respecto a las deudas tributarias efectivamente condonadas y de las exenciones legalmente concedidas. Solbes recalcó que esa posibilidad "existe" pero "eso no prejuzga que necesariamente" se vaya a condonar.
Por su parte, el senador destacó la problemática surgida a raíz de las sentencias contradictorias sobre el tema, lo que da una "inseguridad jurídica evidente", sobre todo para pequeños ayuntamientos que se deben enfrentar a "toda la maquinaria" del Estado.
