MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) respaldan la creación de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, pero creen que la previsión de recaudación por los nuevos impuestos está "sobrevalorada" y dudan de que pueda repercutir en los ingresos de este año.
En una nota, el sindicato señala que los nuevos impuestos dotarán de una "mayor equidad y suficiencia" al sistema tributario, aunque advierten sobre las dificultades que conllevará su control tributario y de que entrarán en vigor con un retraso "considerable" de no corregirse la actual dinámica parlamentaria, lastrando la posibilidad de recaudarlos en 2019.
Sobre el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', Gestha señala que a nivel global, según estimaciones del Comité de Fiscalidad de la OCDE, la carga tributaria efectiva de las grandes transnacionales está entre 4 y 8,5 puntos porcentuales por debajo de la de empresas similares que operan únicamente a nivel nacional. Sin embargo, apunta que algunos Estados tienen un grado de corresponsabilidad en la elusión de aquéllas cuando, para atraerlas a sus territorios, conceden ventajas fiscales.
Así, para reducir la evasión, España ha implementado la nueva directiva de IVA que la UE aprobó en 2015 para garantizar la recaudación del IVA en el país donde se encuentra el consumidor, de forma que los bienes y servicios prestados digitalmente se localicen en el país del destinatario, un problema que para los técnicos resulta "especialmente relevante" en las transacciones online B2C (de empresa a consumidor final).
En este sentido, subraya que la AEAT contará con una "valiosa información" cuando reciba de los países de la UE la recaudación y los importes declarados del IVA en destino. Además, recibirá los informes "país por país" con una información desglosada de los ingresos de entidades vinculadas, ganancias antes de impuestos, impuestos pagados y devengados, número de empleados, activos tangibles y otros indicadores de actividades dentro de grandes grupos transnacionales.
Gestha valora que España haya sido pionera al crear este impuesto en solitario, que afectará a los gigantes digitales que facturan más de 750 millones en el mundo y más de tres millones en España, pese a lo cual "no pagan adecuadamente sus impuestos y, en ocasiones, compiten de manera desleal con los sectores tradicionales".
DIFICULTADES PARA RECABAR DATOS DE FACTURACIÓN
No obstante, reconoce dificultades técnicas para conseguir la información de las cifras de facturación de compañías radicadas fuera de España y otras relacionadas con el control del impuesto para perseguir la elusión y evasión del mismo, por lo que cuestiona los 1.200 millones de euros que se esperan recaudar por este tributo.
Los técnicos de Hacienda rechazan las críticas del sector sobre este impuesto porque el importe que las tecnológicas paguen será un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, lo que evita cualquier tacha de doble imposición.
Asimismo, recuerdan que el tipo impositivo del 3% sobre los ingresos de publicidad, servicios de intermediación y venta de datos online es el recomendado por la Comisión Europea, lo que aportará "muy poca recaudación" en relación a los multimillonarios beneficios "eludidos en España y enviados a los holdings de estas empresas".
Respecto al impuesto a las transacciones financieras, con el que el Gobierno estima recaudar 850 millones gravando al 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones, los técnicos recuerdan que once países de la UE, entre ellos España, hace ya varios años que acordaron su implantación, guiados por el consenso internacional sobre la conveniencia de que el sector financiero aporte una contribución "más equitativa", dada la "escasa tributación" a la que está sujeta.
En este sentido, recuerda que en 2013 el anterior Gobierno mandó a Bruselas una previsión de ingresos de este impuesto en el plan presupuestario, por lo que opina que su implementación está "en línea con dicho proceso y con la decisión adoptada por otros miembros de la UE", pese a que aún no se ha materializado dicho acuerdo de los otros diez Estados del procedimiento de cooperación reforzada aprobado al respecto.
