MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
Oxfam Intermón cree que la tramitación parlamentaria del Impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google' es una "urgencia económica" ante el impacto de la pandemia y el "previsible desplome" de los ingresos tributarios, para recaudar y acabar con el agravio comparativo con otras empresas, si bien pide que sea "lo más ambiciosa posible".
"Durante años las grandes plataformas digitales y globalizadas han logrado prácticamente no pagar nada gracias a los resquicios de un sistema fiscal internacional obsoleto y desfasado", explica el coordinador de investigaciones y experto en fiscalidad de Oxfam Intermón, Íñigo Macías.
El experto denuncia que "operar aquí, pero declarando los beneficios en territorios de baja o nula tributación, es un juego de ingeniería fiscal que se había convertido prácticamente en norma en el sector".
Oxfam Intermón recuerda que durante años esto ha supuesto una pérdida "importantísima" de ingresos para España y un agravio comparativo con el resto de empresas, incluyendo las pequeñas y medianas, así como los autónomos, cuyo aporte a las arcas públicas resulta vital para la provisión de servicios públicos que se han mostrado esenciales durante la pandemia.
"La actividad digital se ha multiplicado exponencialmente durante el confinamiento", continúa Macías, "y sus perspectivas de crecimiento, ante la nueva realidad, son muy importantes, por lo que considera que "no tiene ningún sentido dejar que estas grandes plataformas globalizadas sean las grandes vencedoras de este contexto, frente a la casi paralización de muchos sectores de actividad".
Con la aprobación de este impuesto, añade, España seguiría la senda de otros países de su entorno, como Francia o Reino Unido, que han anunciado que van a activar su recaudación este mismo ejercicio sin esperar a un consenso global. Otros países como India, subraya Oxfam Intermón, incluso han ampliado su cobertura y diseño en el paquete de reformas tributarias frente a la emergencia del Covid-19.
Sin embargo, la propuesta ahora mismo en discusión en España debe ser más ambiciosa, a juicio de la organización, y considerar la transmisión de datos, la publicidad en línea y los servicios de intermediación en línea, y extenderlo a otros servicios como los contenidos digitales, las transacciones digitales dentro del mismo grupo o la consideración de determinados servicios financieros.
"El Gobierno español no debe restar esfuerzos para avanzar hacia un modelo consensuado, más justo y adaptado a la realidad de los modelos empresariales del siglo XXI", ha añadido.
