MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP no recuperará el impuesto a determinados servicios digitales, conocido como la 'tasa Google', si gana las elecciones generales del próximo 28 de abril, al ser un "grave error" por afectar a la atracción de inversión tecnológica, y rechaza el impuesto a las transaccciones financieras aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Así lo ha señalado el gurú económico del PP y candidato de los 'populares' número 4 por Madrid al Congreso, Daniel Lacalle, en una entrevista con Europa Press, en la que ha tachado de "error incuestionable" este gravamen al ver una "locura" la imposición de tributos a las empresas tecnológicas cuando "hay que atraer inversión tecnológica".
Lacalle ha tachado de "absoluta locura" el impuesto a los servicios digitales y ha mostrado su total rechazo, en línea con la postura de los países nórdicos, al tiempo que ha subrayado que el impuesto que planteaba el Gobierno de Pedro Sánchez era "mucho más peligroso" que el que ideó el ministro Cristóbal Montoro en el Gobierno del PP, porque éste último lo planteaba en función de la iniciativa que se aprobase a nivel europeo.
En cambio, ha criticado que el tributo del PSOE se dirigía "a todo el sector tecnológico" y, tras las críticas de las empresa tecnológicos, plantearon un impuesto "xenófobo" en función de la nacionalidad.
"Cualquier economista sabe que como pongas impuestos y discrimines por nacionalidad, el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos te hunde", ha indicado Lacalle, quien ha pedido ser "muy cautelosos" a la hora de tomar medidas proteccionistas y medidas impositivas.
Además, ha asegurado que las estimaciones de ingresos fiscales de la 'tasa Google' de Pedro Sánchez son "completamente imposibles", haciendo hincapié en su rechazo a lo que considera un impuesto "injusto y contraproducente" para el tejido exportador, las grandes empresas de ingeniería y tecnológica y la posibilidad de atracción de empleo de calidad.
El responsable del programa económico del PP se ha mostrado frontalmente en contra de este impuesto, a pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy planteó en mayor de 2018 la creación de un impuesto sobre determinados servicios digitales, que habría seguido los principios recogidos en la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea, anticipando su aplicación en España.
La propuesta del Gobierno el PP entonces pasaba por gravar únicamente a empresas con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no gravase a las pymes, y sólo se tributara por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales, con la previsión de un impacto recaudatorio de unos 600 millones de euros ese primer año.
El Gobierno de Rajoy llegó a plantear la creación de este tributo en el programa de estabilidad remitido ese año a Bruselas, si bien no llegó a ver la luz.
Posteriormente, el Gobierno de Pedro Sánchez en cambio sí aprobó el pasado mes de enero el anteproyecto de ley para crear un impuesto sobre determinados servicios digitales sobre aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
En concreto, se dirigía al 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos, con lo que esperaba recaudar con este tributo 1.200 millones de euros.
A nivel europeo el gravamen ha quedado bloqueado en la UE por el rechazo de Irlanda y los países nórdicos.
EN CONTRA DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
De igual forma, Lacalle ha rechazado, junto a la tasa a las tecnológicas, el impuesto a las transacciones financieras, conocido como 'Tasa Tobin', ya que suponen "una tasa a los consumidores tecnológicos y a los ahorradores" y un mayor número de impuestos para la ciudadanía.
El Ejecutivo socialista aprobó en enero el anteproyecto de ley que crea el gravamen para someter a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.
Con este tributo, que finalmente no ha entrado en vigor, el Gobierno calculaba unos ingresos de unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.
Los 'populares' en cambio descartan recuperarlo para la próxima legislatura si finalmente Pablo Casado gana las elecciones generales.
