AIReF constata que el IMV llega al 20% de hogares en pobreza, pero advierte de que podría beneficiar al 50%

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MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado al 20% de hogares en situación de pobreza, si bien ha advertido de que su diseño permitiría llegar al 50% de este colectivo.

La institución independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado este miércoles el estudio sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que forma parte de los tres estudios encargados a la institución en el marco de la segunda fase del Spending Review 2022-2026, junto al de la Incapacidad temporal (IT) y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

La AIReF realiza este análisis cuando han transcurrido más de cinco años desde la puesta en funcionamiento del IMV y tras la emisión de cuatro opiniones previas sobre esta prestación. Esta evaluación analiza el impacto de la prestación en la reducción de la pobreza.

El análisis muestra que la prestación ha contribuido a reducir en un 30% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza, mientras que su impacto sobre la tasa de pobreza ha sido más limitado, situándose en el 9,5%.

"Estas cifras se elevarían al 58% y 16,2%, respectivamente, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial", ha calculado la AIReF en su informe.

A finales de 2024, fecha de corte de la última provisión de microdatos a la AIReF, la prestación alcanzaba un coste de 3.106 millones al año, que se elevaría a 6.145 millones si alcanzara todo su potencial y a 9.110 millones en un escenario de erradicación de la pobreza (en el umbral del 40% de la renta mediana equivalente).

En el ámbito de la pobreza infantil, el IMV en su configuración completa --IMV más complemento de ayuda para la infancia (CAPI)-- alcanza al 29% de los hogares en esta situación, aunque su potencial de cobertura supera ampliamente ese nivel.

MÁS DE LA MITAD CON DERECHO A LA PRESTACIÓN NO LA SOLICITAN

Estos resultados son coherentes con unas tasas de "non take-up" del 55% en 2024, que indican que más de la mitad de los hogares con derecho a la prestación no la solicitan.

La evaluación identifica diversas debilidades estructurales en el diseño del IMV que han limitado su capacidad para reducir la pobreza de forma más eficaz. En primer lugar, la definición de la renta computable basada en los ingresos del año anterior en lugar de los percibidos en periodos más recientes.

En segundo lugar, la definición de la unidad de convivencia, que presenta dificultades para su acreditación automática y continúa siendo la principal causa de denegación de solicitudes. Además, la AIReF considera que el IMV se diseñó como una prestación poco integrada en el sistema asistencial, por ejemplo, en su relación con las rentas mínimas autonómicas, lo que ha generado "solapamientos y reconfiguraciones desiguales entre territorios".

Asimismo, la institución ha advertido de que han ido emergiendo nuevas dificultades, como el impacto negativo que genera la prestación en la participación laboral, que refuerza la necesidad de reformular el diseño del incentivo al empleo para evitar "la formación de trampas de la pobreza".

Por su parte, el organismo ha apuntado que el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) presenta tasas de "non takeup" especialmente elevadas, en torno al 72%, lo que pone de manifiesto la conveniencia de avanzar hacia mecanismos de concesión automática, apoyados en la información del registro civil desde el nacimiento del menor, con el objetivo de reforzar la lucha contra la pobreza infantil.

PROPUESTAS: REFORMULACIÓN INTEGRAL DEL INCENTIVO AL EMPLEO

En este contexto, la AIReF ha recomendado la definición de objetivos cuantificables con metas y plazos, la promoción de fórmulas de verificación automática de los requisitos de acceso mediante el uso de información más actualizada, la reformulación integral del incentivo al empleo, la provisión de estadísticas homogéneas y comparables de las rentas mínimas autonómicas, y el refuerzo de las campañas de información y acompañamiento individualizado para reducir las barreras de acceso a la prestación.

Por último, la AIReF dará por concluido el ciclo de evaluaciones anuales del IMV con la publicación de la quinta Opinión en 2026, sin perjuicio de retomar su labor evaluadora ante cambios normativos relevantes o circunstancias extraordinarias que justifiquen un nuevo análisis.

ESTUDIO SOBRE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)

En cuanto al estudio sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la AIReF ha propuesto avanzar hacia un sistema de ayuda al desarrollo más integrado, transparente y orientado a resultados.

El desembolso de AOD en el periodo 2021-2023 ascendió a 10.847 millones de euros, concentrándose el 83,4% del total en cuatro departamentos ministeriales: el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La comparativa internacional, realizada sobre nueve países europeos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, sitúa a España por debajo de la media. En 2023, la AOD española representó el 0,24% de la renta nacional bruta, frente al 0,37% de la media del CAD, lejos del objetivo internacional del 0,7% fijado para 2030.

En cuanto a modalidades de canalización, España presenta una elevada orientación hacia el canal multilateral y una alta proporción de donaciones, con prioridades sectoriales concentradas en salud, gobierno y sociedad civil, y derechos humanos y género, un patrón compartido parcialmente con otros países del sur de Europa.

SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Sobre el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, el gasto imputado como AOD ha seguido una senda creciente, alcanzando un máximo de 808,8 millones de euros en 2022, en un contexto marcado por la llegada de personas desplazadas por la guerra en Ucrania.

El análisis muestra como transcurridos 4 años el 45% de los entrantes están empleados si bien se observan diferencias significativas por región de origen y una concentración del empleo en sectores de baja cualificación.

La evidencia sugiere que una parte de los solicitantes podría estar utilizando el procedimiento de solicitud de protección internacional como vía alternativa de acceso al mercado laboral, lo que contribuye al tensionamiento del sistema de acogida. La AIReF propone desarrollar canales de migración laboral para la racionalización del Sistema de Acogida de Protección Internacional.