CCOO alerta de "colapso funcional" en 41 provincias por los retrasos en la justicia laboral

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este miércoles de una situación de "colapso funcional" en 41 provincias por los retrasos en la jurisdicción social, constatando que la espera media para un juicio llega a ser de hasta 450 días para los casos de reclamación de salarios y reconocimiento de derechos, según un informe elaborado por el Gabinete Jurídico Confederal del sindicato.

   Durante la presentación del estudio, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que la demora en la justicia laboral "ha alcanzado una dimensión estructural" que compromete "el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas".

    En concreto, el sindicato cifra en 375 días la demora media en procedimientos de despido individual y en 389 días la relativa a asuntos de Seguridad Social.

   Sordo ha señalado que estos retrasos provocan que los trabajadores soporten durante meses las medidas impugnadas, como despidos, impagos salariales o denegaciones de prestaciones, antes de que exista una resolución judicial, lo que, a su juicio, "debilita la función protectora" de la jurisdicción social.

   Ante esta situación, CCOO remitirá el informe al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas con competencias, además de reclamar una mesa institucional específica donde participen los interlocutores sociales y un plan de choque para reducir las demoras.

LOS RECURSOS SE REDUCEN

   En este contexto, el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de Comisiones Obreras, Javier Pacheco, ha advertido de que la demora media para el señalamiento de juicios en el ámbito laboral alcanza ya los 11,4 meses, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Además, ha alertado de situaciones "de alarma" en comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, La Rioja, Extremadura o Comunidad Valenciana, donde los juzgados de lo social presentan un mayor nivel de colapso.

   Pacheco ha señalado además que el volumen de asuntos ingresados en el sistema judicial ha aumentado un 24,8% en la última década, al pasar de 345.151 casos en 2015 a 452.786 en 2025, mientras que los recursos de soporte "no solo no se han incrementado, sino que incluso se han reducido en parte".

    Según ha denunciado, esta situación está "lesionando" la tutela judicial efectiva de los trabajadores y favoreciendo "la arbitrariedad empresarial" ante incumplimientos laborales.

   Asimismo, el dirigente sindical ha criticado la falta de medios materiales y personales en la Administración de Justicia y ha considerado insuficiente el anuncio del Ministerio de Justicia de crear 500 nuevas plazas judiciales, de las que solo 43 estarán destinadas a la jurisdicción social.

    "No va solo de jueces", ha afirmado, y ha reclamado más oficinas judiciales, salas y personal para reducir unas demoras que, en algunos procedimientos, alcanzan hasta los 75 meses.

   Por su parte, la responsable del Gabinete Jurídico Confederal de Comisiones Obreras, Eva Urbano, ha reclamado además una mayor transparencia por parte del CGPJ sobre la situación real de los juzgados de lo social para que las administraciones competentes puedan tomar medidas correctoras.

    En este sentido, ha asegurado que el organismo dispone de datos "suficientes" sobre los tiempos de demora de los procesos --en base a que, cuando el Defensor del Pueblo los ha solicitado, los ha obtenido--, sin embargo, "no se publican". "El acceso público a los datos es fundamental para que la Administración de Justicia se someta al escrutinio social", ha defendido.

   Urbano ha advertido de que la gravedad del colapso en la jurisdicción social se basa en que afecta a la situación socieconómica de los trabajadores, a sus "alimentarios" y básicos, como salarios, despidos, prestaciones de Seguridad Social o dependencia.

    En este sentido, ha recordado que la propia legislación laboral establece principios específicos de "celeridad, oralidad, inmediación y concentración" para este tipo de procedimientos por su repercusión social y económica.

   Asimismo, ha señalado que, aunque el ordenamiento jurídico contempla herramientas como el recurso de amparo o reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, estos mecanismos fueron diseñados para situaciones "esporádicas" y no para un "funcionamiento estructuralmente deficitario y colapsado".

    Por ello, ha insistido en la necesidad de una actuación "inmediata" de los poderes públicos para evitar que los retrasos sigan mermando los derechos laborales y de protección social.