MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados ha pedido este martes al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "refuerce" la actuación de las Inspección de Trabajo y Seguridad Social en aquellos "sectores y zonas geográficas más susceptibles" de registrar casos de explotación laboral de trabajadores extranjeros.
La proposición no de ley ha sido presentada por Izquierda Unida y pactada con el PSOE, y ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Pese a haber sido aprobada hoy, IU presentó la incitativa en junio del año pasado, después de que se conociera que un trabajador boliviano sin contrato había perdido un brazo en una panificadora, a quien su jefe había abandonado a unos metros del hospital.
El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, sostiene que este tipo de contrataciones irregulares presionan a la baja sobre los salarios, atentan contra la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y dificultan la lucha contra la siniestralidad laboral.
MUCHOS CASOS COMO ÉSTE
Esta formación señala que el caso del trabajador boliviano no se habría conocido sino hubiera ocurrido el "desgraciado accidente" y calcula que España puede haber más 400.000 inmigrantes que trabajen en la economía sumergida. En un principio IU pedía que el Gobierno validara todos los contratos de trabajo establecidos con personas en edad laboral procedentes de países no comunitarios, siempre que estas personas cumplan el requisito de estar empadronadas y aunque estuvieran en situación irregular en España.
Finalmente, Llamazares ha pactado con el Grupo Socialista que el Ejecutivo central intensifique las inspecciones de trabajo para evitar este tipo de abusos, así como que contemple la "especial situación personal de las víctimas de la explotación laboral".
Además, todas las fuerzas políticas salvo el PP han pedido al Gobierno que estudie la situación de "irregularidad sobrevenida" de los trabajadores extranjeros que han perdido su puesto de trabajo, "con el fin de dar una respuesta adecuada a su situación".
La Comisión también ha solicitado al Ejecutivo central que estudie la posibilidad de regular la inmigración circular y el retorno voluntario, de manera que se suspenda el cómputo de vigencia de la tarjeta de residencia durante el tiempo que el inmigrante se encuentre en su país por haberse acogido a un programa de retorno voluntario, pero activándose la tarjeta en caso de que éste vuelva a tener un contrato de trabajo en España.
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES
Por otro lado, todos los grupos ha solicitado a Zapatero que evalúe el grado de integración de las denominadas 'segundas generaciones' de inmigrantes (fundamentalmente hijos de extranjeros que llegaron a España en su niñez) para conocer "su nivel de escolarización, su proceso de aprendizaje, su conocimiento del castellano y de las lenguas cooficiales, acceso a la universidad y formación profesional, situación de convivencia y de las relaciones familiares y sociales".
Otra de las propuestas aprobada insta al Gobierno adoptar mecanismos que mejoren la información mutua entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para que existan bases de datos actualizadas sobre los menores extranjeros no acompañados, así como de los encargados de su tutela y protección.
El Congreso también ha aprobado una incitativa, promovida por CiU y apoyada por todos los grupos a excepción de los 'populares', para que se potencie entre los inmigrantes "el sentido de pertenencia" al entorno en el que viven y que se incentive el conocimiento de las lenguas del Estado para facilitar su integración.
REDADAS MASIVAS DE 'SIN PAPELES'
Por el contrario, el Congreso ha rechazado una propuesta del PP para "garantizar que no se lleven a cabo redadas masivas" de 'sin papeles' y para que se expulse a todo aquel extranjero que haya cometido un delito o que tenga una orden de expulsión. El PSOE ha rechazado la propuesta porque "al principio parece una defensa de los extranjeros contra las redadas masivas" pero en realidad la incitativa "rezuma un hondo prejuicio contra los inmigrantes", según ha explicado su portavoz, Manuel de la Rocha.
El portavoz del PP, Antonio Gallego, ha dicho que son "inmorales e ilegales" las redadas masivas de los "ordenadas por el Ministerio del Interior", pero ha urgido al Gobierno a "expulsar fulminantemente" a aquellos inmigrantes que hayan cometido delitos, tal y como indica la ley de extranjería, y a que aplique "toda la agilidad" posible en la tramitación administrativa de las expulsiones.
"Cunde la sensación de que España es un coladero. No nos podíamos permitir no controlar los flujos migratorios en una situación de bonanza económica, pero menos aún en una situación de profunda crisis económica", ha dicho Gallego.
